El socialista Ximo Puig hizo fijos a 12.725 interinos antes de las elecciones y sin examen

• Roberto Pérez @Robertoperezbc
• Periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Especialista en sector público, economía política y presupuestaria, e instituciones político-administrativas. Trabajó para Agencia Efe y Cope, ejerció durante más de 20 años en ABC -etapa que incluyó el ejercicio temporal de la corresponsalía de Nueva York- y actualmente es subdirector de OKDIARIO.
• • 04/07/2023 06:58
  • Actualizado: 04/07/2023 08:57

El socialista Ximo Puig, actual presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, garantizó plaza fija a 12.725 interinos sin examen alguno, aprovechándose de los procesos «extraordinarios de estabilización» que aprobó y activó en vísperas de las elecciones autonómicas de mayo. Una vez aprobados, es irrelevante cuándo se resuelvan, porque condicionan por completo al nuevo gobierno regional del PP que va a estar al frente de la Generalitat Valenciana. Y es que las condiciones marcadas en esas convocatorias están diseñadas a la medida de los interinos a los que se va a hacer fijos, según los expedientes oficiales recopilados por OKDIARIO.

Aunque sobre el papel se presenten formalmente como convocatorias abiertas, en la práctica sólo tienen opción real de conseguir esas plazas quienes son interinos. Es decir, las bases están pensadas específicamente para que se conviertan en fijos de plantilla, en funcionarios de carrera, quienes hasta ahora han estado ocupando durante años una plaza en calidad de interinos, porque no han sido capaces de conseguir una plaza fija por oposición.

La clave estaba en lanzar las convocatorias, que es lo que ha consumado Ximo Puig con esos 12.725 interinos. Hecho esto, lo de menos es cuando se resuelvan. Al no existir examen selectivo de por medio, la condición es el tiempo que se lleva ocupando la plaza en calidad de interino y las características de la misma, las funciones que se desempeñan.

De esas 12.725 plazas, 7.555 corresponden a profesores de la enseñanza pública de la Comunidad Valenciana, 4.816 a plazas de la Sanidad autonómica y 133 a administrativos de servicios burocráticos de la Generalitat Valenciana.

Con el respaldo de Pedro Sánchez

Ximo Puig aprovechó la ley promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez para dar cobertura a lo que supone una anormalidad en el acceso a la carrera funcionarial, que afecta de lleno a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Y es que, en la práctica el acceso a esos puestos fijos no es posible para quienes no hayan ocupado esas plazas durante años.

El Gobierno de Sánchez lo pactó con los sindicatos y lo defendió como una forma de reducir la temporalidad en el sector público. Esa temporalidad se podría haber resuelto sacando todas esas plazas a oposición libre o al más restringido método del concurso-oposición –en el que no sólo cuentan los méritos como formación y experiencia sino también el examen–. Sin embargo, la ley abrió la puerta a convocar de forma extraordinaria concursos exclusivamente de méritos para convertir a interinos en fijos. Y esa excepcionalidad es a la que se agarró el socialista Puig para, masivamente, garantizar plaza en propiedad a quien la disfrutaba con carácter interino sin haber aprobado un examen selectivo.

Esa ley estatal que da cobertura a esta maniobra de Ximo Puig con 12.725 interinos fue impulsada por el Gobierno de Sánchez en forma de real decreto ley. El texto obtuvo luego su convalidación en el Congreso y fue aprobado definitivamente por el Senado, como marca el trámite parlamentario.

Aunque esta excepcionalidad para el acceso al empleo público de carrera ha sido aplicada de forma generalizada por las administraciones públicas en los últimos meses, el caso Ximo Puig en la Generalitat Valenciana sobresale por la cantidad de plazas que ha adjudicado de esta forma en vísperas de unas elecciones en las que pretendía movilizar el voto a su favor de estos empleados públicos.

7.540 millones en sueldos

De hecho, las cifras oficiales a las que ha tenido acceso OKDIARIO demuestran el afán que Ximo Puig puso en engordar la plantilla de la Generalitat desde que accedió al poder, tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015. Baste un dato: en 2014, último año completo sin gobierno socialista en la Generalitat valenciana, esta Administración autonómica se gastó en personal 4.900 millones de euros. Ocho años después, en 2022, la factura ascendió a 7.540 millones. Es decir, 2.640 millones más de coste anual, un incremento del 54%, diez puntos por encima que la media del resto de autonomías. Y para este 2023 aún contaba con gastarse más, porque en los presupuestos se reservó para gastos de personal 8.320 millones de euros.

Los engordados costes de personal son una de las herencias envenenadas a las que va a tener frente el PP en la Generalitat Valenciana, cuyos disparados costes estructurales generan un déficit recurrente que agrava la indigesta deuda pública de la Comunidad. Lejos de sanear las arcas y reducir el déficit y el endeudamiento, Puig se ha encargado de seguir aumentando la deuda, al calor de los privilegiados préstamos que le otorga el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).