La red del ‘Tito Berni’ tarifaba las obras en cuarteles como contrato menor para evitar el control público

Una de las líneas de investigación del caso Mediador, que involucra al ahora ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo (alias Tito Berni) y a varios parlamentarios socialistas más, trata de identificar irregularidades en la concesión de contratos de obra en cuarteles de la Guardia Civil. Según sospechan los investigadores, el general Francisco Espinosa utilizaba sus contactos para adjudicarlos a una sociedad amiga de la trama, propiedad del empresario Ángel Ramón Tejera de León (alias Mon). Para opacar los concursos se recurría a la modalidad de contrato menor de obra pública, dejando el precio final en una cantidad inferior a los 40.000 euros que marca la ley. A apenas unos euros del límite establecido. Así se aseguraban que el control por parte de la Administración sería más laxo.

«Reparación e impermeabilización de fachadas y cubierta en el acuartelamiento de Valverde del Hierro. Importe: 39.930 euros. Contrato menor». Este es sólo uno de los contratos que actualmente están bajo la lupa en la investigación del caso Mediador tras detectarse los contactos que la red del Tito Berni mantuvo con otros dos mandos en activo de la Guardia Civil en Canarias que ya han sido destituidos de sus puestos.

Por sólo 70 euros de diferencia, adjudicador (la Comandancia de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife) y adjudicatario (Angrasurcor S.L., del empresario Mon) se ahorraron dar muchas más explicaciones. Y evitaron verse obligados a hacer públicas las ofertas de los competidores en liza para dicho concurso. La técnica no fue un caso aislado, sino un modus operandi.

Los contratos que las sociedades Solocorcho S.L y Angrasurcor S.L, propiedad de Mon, firmaron con la Comandancia de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife y en otras comandancias nunca superaban el límite del precio de contrato menor para obra pública que establece la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público: 40.000 euros a partir de noviembre de 2017, 50.000 euros con anterioridad a esa fecha.

De hecho, no pasa desapercibido que algunos de los contratos de obra para remodelación en acuartelamientos previos a la entrada en vigor de esa ley, que rebajaba de 50.000 a 40.000 euros el límite del contrato menor, adaptaron sus importes a ese cambio en la normativa para seguir beneficiándose del menor control administrativo que suponen este tipo de concursos públicos.

Al límite

Por ejemplo, la sociedad Angrasurcor de Mon consiguió el contrato menor para la «reparación e impermeabilización de la fachada principal, laterales y parte trasera del acuartelamiento de San Andrés y Sauces (La Palma)» por un importe de 49.344,74 euros (52.798 euros con IVA) el 23 de marzo de 2017. Unos meses antes de que la ley cambiase y rebajase ese límite de los 50.000 a los 40.000 euros. Salvaba el límite por poco más de 600 euros.

Un año más tarde, la misma empresa obtiene de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife un contrato para las mismas tareas de reparación e impermeabilización del acuartelamiento de Tijarafe. Esta vez, el importe es de 39.825 euros. De nuevo, por una diferencia de 175 euros, el contrato cae por debajo del umbral de la categoría menor.

La técnica se aplica en multitud de contratos de obra que estas dos sociedades, propiedad del mismo empresario, firman con la Guardia Civil. No sólo en Canarias, sino también en Algeciras o en Onil (Alicante). Incluso en un acuartelamiento de Medina de Rioseco, en Valladolid. A los investigadores les llama la atención que una empresa canaria, a más de 1.600 kilómetros de distancia de un pequeño pueblo del norte de Valladolid, movilice a sus empleados para acometer una obra de apenas 11.000 euros.

El límite del contrato menor, sin embargo, no se aplica en los concursos a los que accedieron estas dos sociedades con entidades públicas ajenas a la Guardia Civil. Por ejemplo, ayuntamientos, colegios, o incluso el Ejército de Tierra, que contrató a Angrasurcor S.L. para la impermeabilización de las cubiertas de un centro deportivo militar. El importe, en este caso, alcanzó los 60.453 euros, superando el contrato menor y aportando toda la documentación del concurso a la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Contratos

El coronel de la Guardia Civil José María Tienda, destituido como jefe de la comandancia de Tenerife, adjudicó 47 contratos por algo más de 900.000 euros a un constructor de la trama del Tito Berni, en concreto al empresario Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon. En el sumario de la investigación a la red liderada por el ex diputado del PSOE, el coronel aparece en dos momentos. El primero cuando, en una conversación con El Mediador, el constructor le confirma que viajará a Tenerife porque «el jueves como con el coronel». El segundo, cuando el mando de la Benemérita relevado llama al general Espinosa, el único cabecilla de la trama que está en prisión.

Además de en Tenerife, el empresario Tejera de León obtuvo contratos para pintar y reparar desperfectos en cuarteles de la Guardia Civil en varias comandancias de España, hasta un total de 203 por un total de 3.100.000 euros.