Rectificación de la Plataforma por la Honestidad

La Plataforma por la Honestidad quiere ejercer su derecho de rectificación sobre la información publicada por OKDIARIO el 7 de mayo de 2018 y titulada: «La Plataforma por la Honestidad debe 11.000 € a un abogado por gastos privados de su fundadora».

La Plataforma por la Honestidad no debe dinero a un abogado por gastos privados de ninguna persona, ni ha contraído deudas con el bufete Durán Abogados’, ni tampoco éste bufete ha reclamado deuda alguna a esta entidad, no por misiva ni por cualquier otro medio.

La Plataforma por la Honestidad funciona democráticamente y se rige por la transparencia de sus Estatutos sociales, correspondiendo a todos sus miembros la elección del presidente y de la junta directiva, cuya gestión y toma de decisiones se someten a la permanente aprobación de todos los miembros de la entidad.

La Plataforma por la Honestidad tiene como objetivos, entre otros, defender los derechos humanos de los ciudadanos contra todo tipo de corrupción, utilizando para ello los cauces establecidos en la legislación vigente, así como organizar una red de apoyo a las personas que dan el paso de denunciar casos de corrupción.

La Plataforma por la Honestidad, representada por su presidente en el ejercicio del cargo, ha ejercitado acciones penales contra OKDIARIO y contra alguno de sus periodistas por su presunta participación en delitos de obstrucción a la justicia, de pertenencia a grupo criminal y calumnias continuadas realizadas a los investigadores de un procedimiento judicial por corrupción.

No se ha realizado por la Plataforma por la Honestidad ni por su presidente una campaña mediática contra ninguna persona concreta acusándola de prevaricación judicial.

La Plataforma por la Honestidad desde su fundación ha organizado campañas de recaudación de fondos para alcanzar sus objetivos con los que poder apoyar a diversos denunciantes de corrupción, inmersos en gastos jurídicos por el acoso judicial que sufren por haber denunciado a los corruptos, como fue en el caso de Dº Ana Garrido, que fue la primera denunciante de corrupción a quien le pudimos facilitar que pudiera afrontar los gastos jurídicos que le causó el hecho de haber denunciado la corrupción de la trama Gürtel del Ayuntamiento de Boadilla, quien además colaboró posteriormente con nuestra asociación ayudando a otros denunciantes de corrupción e impulsando la iniciativa para que en España exista una Ley de Protección de Denunciantes de Corrupción.