El PSOE quiere adjudicar a la hija del condenado Díaz Ferrán un concurso lleno de irregularidades en Menorca

El Govern balear que preside la socialista Francina Armengol pretende adjudicar a la hija del empresario Gerardo Díaz Ferrán (condenado a siete años de cárcel por delito fiscal y por la quiebra fraudulenta del grupo Viajes Marsans) un negocio de medio millón de euros anuales en el puerto de Ciutadella (Menorca), en un proceso plagado de irregularidades.

El ex presidente de la CEOE ya se vio implicado en el denominado caso Mar Blau, en el que fue condenado a otros siete meses de cárcel por participar en el amaño de un concurso público de amarres en el puerto de Mahón. Ahora la maniobra se repite, en el otro extremo de la isla.

Ports de les Illes Baleares, un organismo público que depende del Govern de Francina Armengol, convocó el 17 de noviembre de 2018 un concurso para adjudicar la explotación del varadero del puerto de Ciutadella por un período de 25 años. Se trata de una explanada de unos 1.500 metros cuadrados, situada en el interior de la rada y equipada con grúas, que se utiliza para la reparación e invernada de yates y embarcaciones pesqueras.

La empresa que logre adjudicarse el concurso deberá abonar a la Administración autonómica un canon anual de al menos 22.900 euros anuales. De las tres ofertas presentadas, el Govern balear ha otorgado la mejor puntuación a la sociedad Marina Seca Port de Ciutadella SL, cuya socia única es Marta Díaz Santamaría, hija del ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, condenado por fraude fiscal, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y alteración de concursos públicos.

La empresa con la que la hija de Díaz Ferrán opta al concurso fue constituida en abril de 2013 con el nombre de Góndola Baby SL y se dedicaba a la fabricación y venta de productos textiles. Desde sus orígenes, carecía por tanto de cualquier experiencia en el ámbito náutico. La empresa tenía su sede el Paseo de la Habana de Madrid, pero en 2014 se trasladó a Menorca y adoptó su nombre actual.

Sólo después de que el Govern balear convocara el concurso del puerto de Ciutadella, Marta Díaz Santamaría impulsó varios cambios en su sociedad para poder optar a este negocio: cedió el cargo de administrador único a un empleado y amplió el objeto social de la empresa a la «reparación, custodia y compra/venta de embarcaciones».

La Ley de Contratos del Sector Público establece que no pueden optar a ningún concurso de la Administración las empresas que tengan deudas con Hacienda. El apoderado de Marina Seca Port de Ciutadella SL es el marido de Marta Díaz Santamaría, Higinio Aldaz González, quien es al mismo tiempo administrador único de la sociedad Criterium Gestión Inmobiliaria SL, que en 2019 tenía una deuda de un 1,4 millones de euros con la Agencia Tributaria.

Sin embargo, el Govern balear no ha tenido en cuenta este dato a la hora de valorar la solvencia económica de Marina Seca, a la que ha otorgado la mejor puntuación de las tres ofertas presentadas. Otro de los competidores en el concurso ha presentado un estudio económico, según el cual la explotación del varadero de Ciutadella sólo es rentable abonando un canon inferior a los 50.000 euros anuales.

Sin embargo, la oferta de la hija de Díaz Ferrán ha sido la mejor valorada, al ofrecer un canon que duplica esta cifra: 100.000 euros anuales, frente a los 38.900 euros ofrecidos por la segunda empresa y los 36.500 de la tercera.

Esta diferencia económica entre las tres ofertas debería llevar a descalificar la de Marina Seca por temeraria o «desproporcionada», ya que es un 276% superior a la media de las otros dos. Sin embargo, el Govern balear ha alegado que este supuesto no estaba contemplado en las bases del concurso.

El plan de negocio presentado por la hija de Díaz Ferrán tiene truco: asegura que prevé obtener unos ingresos anuales de medio millón de euros, de los cuales 106.000 euros procederían de las actividades de izado y botadura de embarcaciones con grúa, 122.000 de la estancia de naves en el varadero y los 271.000 euros restantes por otros servicios.

Con las tarifas propuestas, las dos primeras cifras resultan irreales, ya que la superficie útil del varadero para la estancia de embarcaciones es de sólo 523 metros cuadrados, lo que limita su actividad a poco más de 800 movimientos al año. Sin embargo, el plan de negocio presentado la hija de Díaz Ferrán indica que aunque su actividad en el varadero pueda ser deficitaria, lo compensará con los servicios de reparación que presta en dos naves situadas en Ciutadella, a varios kilómetros del puerto.

En ambos casos, se trata de fincas de suelo rústico (una de 18.447 y otra de 7.665 metros cuadrados) en las que está expresamente prohibida cualquier actividad industrial vinculada al sector náutico. Con el fin de salvar este obstáculo, el Govern balear de Francina Armengol estudia ahora cambiar las normas urbanísticas, para permitir las actividades náuticas en suelo rústico.

Todo para favorecer a la oferta presentada por Marta Díaz Santamaría, cuyo padre, Gernardo Díaz Ferrán, ya fue condenado por participar en el amaño del concurso de amarres del puerto de Mahón. El ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán fue condenado en diciembre de 2013 por la Audiencia Nacional a dos años de prisión y una multa de 99 millones de euros por fraude a la Hacienda pública en la compra de Aerolíneas Argentinas.

De nuevo, en 2015, fue condenado a otros cinco años y medio de cárcel y 1,2 millones de euros de multa por la quiebra fraudulenta del grupo Viajes Marsans. Su hija, Marta Díaz Santamaría, fue condenada por el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid a quince años de inhabilitación para gestionar patrimonios ajenos, por su implicación en el concurso fraudulento de acreedores de Seguros Mercurio SA. Sin embargo, esta última sentencia fue parcialmente anulada.