Investigación

El presidente de la Cámara de Cuentas mintió en la Asamblea sobre la compra de Inassa a través de Panamá

Arturo Canalda, presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, mintió en sede parlamentaria cuando aseguró ante los diputados madrileños, en su calidad de gerente del Canal de Isabel II, que la empresa pública de aguas había comprado la colombiana Inassa sin la obligación de realizar inversiones ni el compromiso de subrogaciones crediticias. Además, afirmó que el Canal participó en un “proceso-concurso” para la selección de un posible socio que tomase el control de la sociedad que abastecía de agua a Barranquilla, la tercera ciudad de Colombia, al que según él se habían presentado empresas de Estados Unidos, Italia México y España.

La información facilitada a los representantes madrileños era falsa como se puede contrastar en los informes que el Canal encargó a los despachos de abogados Garrigues y Cuatrecasas.

Canalda, en su comparecencia ante los diputados madrileños, el 18 de diciembre de 2001, dos meses después de su nombramiento como director-gerente del Canal, para informar de la compra de Inassa, se mostró contundente sobre la viabilidad de aquella operación: “No existen compromisos futuros de inversión… Es un negocio seguro y maduro que permite ser la plataforma para nuevos proyectos en el área”. E insistió: “Inassa es una empresa con una excelente gestión”.

Sin embargo aquellas palabras eran el resultado de una estrategia de la confusión porque ninguno de sus planteamientos se ajustaban a la realidad: el Canal pagaba 83 millones de euros por lo que valía 7 millones y aquel negocio presentado por el gerente como una bicoca, finalmente, obligó al Canal a afrontar una inversión de más de 100 millones de euros. Era la suma de la compra de las acciones, de dos ampliaciones de capital, de inversiones, de la recompra de las acciones de su socio Tecvasa y de la obligación del pago de un crédito del Banco Mundial de varios millones de euros que había sido contraído por los anteriores propietarios.

Canalda además ocultaba a los diputados que la adquisición de Inassa se había plasmado a través de la compra de la sociedad SAA, una sociedad off shore constituida en el paraíso fiscal de Panamá.

El entonces gerente se mostraba ante la Asamblea de Madrid como uno de los mayores defensores de aquella operación cuando manifestaba: “Se trata de una oportunidad no traumática en absoluto para el Canal en cuanto que no necesita, para su gestión, de una aportación importante tanto de recursos humanos como materiales”.

Una gran cortina de humo porque, siendo Canalda gerente, el Canal solicitó un crédito de 51,1 millones de euros, hizo una ampliación de capital de 13,7 millones, compró acciones, y tuvo que responder legalmente a otro crédito.

Otra de las lacras que el actual presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid ocultaba a los diputados era que, como la compra se había realizado a través de una offshore panameña, radicada en un paraíso fiscal que garantizaba una total opacidad a las autoridades fiscales colombianas, en un futuro el pago de la plusvalías fiscales le correspondería al Canal. El informe del despacho de Garrigues ya había advertido que los vendedores colombianos podían eludir sus obligaciones fiscales en su país al rematarse la operación en Panamá.

Canalda, que desde que estalló el escándalo tras la operación Lezo ha intentado mantenerse al margen de la adquisición y de las gestión en Inassa como director-gerente del Canal entre septiembre de 2001 y junio de 2003, sacaba pecho en la Asamblea de Madrid sobre aquella gran operación financiera y empresarial de la compañía colombiana: “Creo que se trata de un magnífico colofón a este año en el que el Canal celebra su 150 aniversario”.

Y añadía: “Se trata de una operación completamente asegurada por organismos oficiales de aseguramiento internacional, como CESDE, lo que significa, pase lo que pase, el Canal no arriesga ni un solo euro”.

Canalda dio la cara también por los responsables políticos del Canal, que habían ocupado u ocupaban las consejerías de Hacienda y Medio Ambiente en los gobiernos de Alberto Ruiz Gallardón: “El señor Beteta (Antonio Beteta, consejero de Hacienda de Madrid, 1995-2000) plantea la consolidación cuando recibe el Canal; el señor Mayor (Carlos Mayor Oreja, consejero de Medio Ambiente, 2000) lo que plantea es una reestructuración interna del Canal para darle más peso específico y el señor Calvo (Pedro Calvo, consejero de Medio Ambiente, 2000-2003) lo que plantea es la expansión de nuevo del Canal”.

Canalda responsabilizaba de la deuda del Canal a los gerentes de la etapa anterior a su llegada a la empresa. Según él, Beteta recibió el Canal con un endeudamiento de 15.142 millones de pesetas (90,3 millones de euros) y Mayor lo dejó con una deuda de 17.481 (105 millones de euros). Así se lo encontró Pedro Calvo, uno de los confidentes más fieles de Gallardón.

Pero en el periodo de la gestión de Calvo y del actual presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid se gestó la herencia del gran fraude de Inassa y del pago de comisiones en la operación América, según las investigaciones de la Audiencia Nacional