El PP quiere recusar a la juez del ‘caso ordenadores’ por ser afín al PSOE

El PP estudia recusar a la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, para apartarla de la causa en la que se investiga la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. La magistrada ha dictado esta semana un auto en el que procesa al PP como formación política, a su actual tesorera Carmen Navarro, al informático José Manuel Moreno y al abogado Alberto Durán por los presuntos delitos de daños informáticos y encubrimiento.

Los servicios jurídicos del PP se están planteando ahora recusar a la magistrada, al considerar que está contaminada para instruir esta causa por ser afín a las posiciones políticas del PSOE.

Como ponente designada a propuesta del PSOE, Freire compareció el pasado 7 de mayo de 2015 ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para valorar el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsado por el PP. Durante su intervención, la magistrada expuso un juicio extraordinariamente crítico con la iniciativa legislativa.

Apadrinada por el PSOE

Del mismo modo, Rosa María Freire presentó el año pasado su candidatura para ocupar la plaza del juez Javier Gómez Bermúdez en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Su principal valedor fue el vocal socialista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Álvaro Cuesta. Sin embargo, la plaza fue finalmente asignada en comisión de servicios al magistrado Juan Pablo González.

Antes de ser vocal del CGPJ, Álvaro Cuesta fue cabeza de lista del PSOE por Asturias en las elecciones generales de 2004 y 2008, y portavoz socialista en la comisión parlamentaria sobre los atentados del 11M.

Las fuentes populares consultadas por OKDIARIO recuerdan que existe un precedente muy inmediato: el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó el pasado mes de octubre apartar a los magistrados Enrique López y Concepción Espejel del tribunal que juzgará la primera pieza del caso Gürtel, por considerar que son demasiado próximos y “afines ideológicamente» al PP.

El propio PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa habían solicitado que ambos magistrados fueran apartados de la causa, esgrimiendo que Enrique López ha participado en distintos actos de la Fundación FAES presidida por José María Aznar y que fue designado miembro del Tribunal Constitucional por el Gobierno de Rajoy.

Se perdió la documentación

Los populares estudian ahora alegar una causa similar, en este caso la afinidad política con el PSOE, para recusar a la magistrada Rosa María Freire y apartarla de la causa en la que acaba de imputar al PP como partido político y a tres de sus responsables.

La causa sobre la destrucción de los ordenadores de Bárcenas fue archivada en dos ocasiones, y finalmente se reabrió a instancias de la Audiencia Provincial de Madrid. Se da la circunstancia de que uno de los tres magistrados de la sala que adoptó la decisión, Ignacio Sánchez Yllera, solicitó abstenerse porque había sido jefe de gabinete de la ex vicepresidenta socialista del Gobierno Teresa Fernández de la Vega. Sin embargo, la sala no aceptó su abstención.

La causa permaneció además paralizada durante varios meses, porque se había perdido buena parte de la documentación en el Juzgado número 32 de Madrid. Tras abrir una investigación interna, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eximió de responsabilidad a la juez Rosa María Freire y culpó de lo ocurrido a un secretario judicial.