Pepe Álvarez (UGT) escondió papeles y felicitó a la autora del robo de 4,5 millones al sindicato

El nombre de Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) a nivel estatal, aparece tres veces en la documentación policial y judicial del sumario abierto en 2022 por el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid: ordenó que no se presentara denuncia por el fraude millonario detectado en UGT Madrid, impidió que los documentos clave llegaran a manos de quienes querían denunciar y, según declaró el asesor jurídico del sindicato ante la policía, la propia presunta cabecilla de la trama alardeaba de que Álvarez la había llamado personalmente a su teléfono móvil para felicitarla por su gestión.

Tres episodios, todos ellos recogidos en el oficio policial de la UDEF consultado por OKDIARIO, que el sindicato Solidaridad recuerda para pedir ante la Audiencia Provincial de Madrid que UGT sea investigada como persona jurídica. De hecho, tardaron 17 meses entre que detectaron las irregularidades y decidieron finalmente denunciar.

Pepe Álvarez lleva al frente de UGT desde 2016 –hace 10 años–, cuando relevó a Cándido Méndez. Bajo su liderazgo, el sindicato ha sido interlocutor habitual del Gobierno, participando en la negociación de reformas laborales de calado, incluida la de 2021 que derogó los aspectos más controvertidos de la reforma de 2012. Su nuevo mandato de cuatro años acaba en 2028.

Su figura ha sido hasta ahora la de un sindicalista de perfil institucional, alejado de la conflictividad interna. Sin embargo, el sumario abierto en Madrid pone por primera vez su nombre en el centro de una investigación penal, aunque no ostenta la condición de investigado.

El fraude que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid tiene como presunta ejecutora a María del Carmen Tomás López, conocida como Mayka, administrativa de UGT Madrid que habría gestionado en exclusiva los cobros del Fondo de Garantía Salarial correspondientes a trabajadores afiliados al sindicato.

Según la investigación policial, habría desviado esos fondos mediante cheques falsificados con tinta borrada hacia cuentas de su marido y de dos empleadas del sindicato. UGT cifra en 657 los cheques presuntamente manipulados y en 4.616.385 euros el importe total de la presunta defraudación. Dinero que acabó en viajes de lujo a Maldivas, Dubái, Tanzania, Las Seychelles y Disneyland, operaciones de cirugía estética, fiestas y la compra de dos vehículos Mercedes.

Felicitación por teléfono

El primer episodio en que el nombre de Álvarez aparece en el sumario es el más llamativo por su naturaleza. Vicente Carrasco, asesor jurídico de UGT Madrid hasta el 31 de mayo de 2022, declaró ante la policía el 2 de junio de ese año que Tomás López «había comentado que Pepe Álvarez le había llamado a su teléfono personal para felicitarla por la gestión que estaba realizando en cuanto a la tramitación de los FOGASAs». La declaración fue ratificada posteriormente en sede judicial.

El momento exacto de esa llamada no ha podido precisarse en los documentos disponibles. Lo que sí consta es que Mayka Tomás López gestionaba «los FOGASAs» desde su domicilio, en régimen de teletrabajo, durante los años 2020 y 2021, acudiendo a la sede de Avenida de América 25 de Madrid «no más de cinco ocasiones» a lo largo de todo ese periodo.

Confeccionaba los cheques con los talonarios originales que guardaba en casa y con el sello oficial de UGT Madrid. Era, según el asesor jurídico, quien «se encargaba de toda la tramitación de FOGASA, incluido el asiento contable».

Documentos en caja fuerte

El segundo episodio se produjo a finales de noviembre de 2021. Tras una reunión celebrada el 24 de ese mes entre la dirección de UGT Madrid y representantes del la Estructura Confederal estatal, en la que se acordó depositar los documentos originales de los cheques del año 2021 en la caja fuerte del despacho de Administración del Confederal, en la sexta planta del edificio de Avenida de América 25.

Carrasco y el economista Alejandro Rivera intentaron recuperar esa documentación para adjuntarla a una denuncia. Sin embargo, Luis Pérez, secretario de Recursos y Estudios del Confederal, se negó con una justificación que quedó recogida literalmente en el oficio policial de la UDEF: «Pepe Álvarez ha dicho que no se presentara denuncia por los hechos».

Posible encubrimiento

Los dos hombres se marcharon sin los papeles. La sensación que quedó, según consta en el sumario, fue de profunda inquietud: la negativa «bien estaba motivada por incompetencia o bien por complicidad para ocultar los hechos por parte del propio sindicato».

El tercer episodio se produjo el día en que Luismi López Reillo, jefe máximo de UGT Madrid, dimitió el 20 de diciembre de 2021. Mientras se despedía de los trabajadores en la sede, irrumpieron en el edificio Luis Pérez, un investigador privado y personal de seguridad de UGT. Se cerró el despacho de administración, se bloquearon todos los ordenadores y se procedió a su clonación, proceso que se prolongó hasta el 22 de diciembre.

El despacho permaneció custodiado durante las noches por personal de seguridad. El propio Pérez había encargado al investigador privado la gestión del asunto, transmitiéndole que «aún no era el momento de presentar la denuncia».

Fue finalmente la amenaza de Carrasco y Rivera de denunciar «aun sin la anuencia de la organización» lo que llevó a López Reillo a presentar la denuncia el 10 de diciembre de 2021, dos semanas antes de su dimisión. Para entonces, la trama llevaba funcionando al menos desde 2018 y el sindicato había sido advertido de las irregularidades en múltiples ocasiones.

El sindicato Solidaridad solicitó ante la Audiencia Provincial de Madrid que UGT sea citada como investigada en calidad de persona jurídica, al amparo del artículo 31 bis del Código Penal, que regula la responsabilidad penal de las organizaciones. La juez instructora, Concepción Jerez García, ha rechazado esa petición considerando que UGT es la perjudicada. La Audiencia Provincial puede resolver si esa calificación se sostiene cuando el nombre del máximo dirigente del sindicato aparece tres veces en el sumario, ninguna de ellas como víctima.