La estrategia de Horrach para exculpar a la infanta: demostrar que Aizoon era un artificio contable

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha destapado durante las primeras semanas del juicio del caso Nóos su estrategia para exculpar a la infanta Cristina: levantar el velo de Aizoon, es decir, demostrar que la sociedad que compartía con su marido Iñaki Urdangarin era un mero artificio contable.

La acusación popular ejercida por la abogada Virginia López Negrete solicita una pena de ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales cometidos por Urdangarin a través de Aizoon, la sociedad patrimonial que canalizaba sus ingresos personales.

Ya en la primera jornada del juicio, el fiscal Anticorrupción y la abogada del Estado se transmutaron en abogados defensores al pedir al tribunal que apartara a la infanta Cristina del banquillo mediante la aplicación de la doctrina Botín.

Una ONG como tapadera

Después de que fracasara esta estrategia, Horrach ha centrado sus esfuerzos en demostrar que la infanta no sabía nada sobre los negocios de su marido ni sobre los manejos del Instituto Nóos, que bajo la apariencia de una falsa ONG recaudó más de 6 millones de euros de los gobiernos autonómicos de Baleares y la Comunidad Valenciana.

Pero esta línea argumental choca con un grave obstáculo: los dos delitos fiscales atribuidos a Urdangarin fueron cometidos a través de Aizoon, la sociedad que compartía al 50% con la infanta Cristina.

Durante los interrogatorios, el fiscal ya ha dejado entrever cuál será su estrategia para salvar este escollo: la técnica denominada en derecho tributario como el levantamiento del velo.

Es decir, se trata de demostrar que Aizoon era un mero artificio contable, «una entidad artificialmente interpuesta». En otras palabras, Horrach intentará apartar Aizoon del tablero para demostrar que todos los ingresos canalizados por esta sociedad se correspondían exclusivamente con la actividad personal de Urdangarin.

La infanta se niega a contestar

Y por tanto, los delitos fiscales cometidos por Aizzon serían sólo atribuibles a éste, sin que deba responder de ellos la infanta Cristina.

Para ello, Horrach se acogerá a la aplicación de reforma de la Ley General Tributaria aprobada en 2006, que permite actuar contra «las personas que tengan el control efectivo, total o parcial» de una empresa creada o utilizada para defraudar a Hacienda, en lugar de actuar contra todos sus socios.

Por su parte, la abogada de la acusación popular Virginia López Negrete ha intentado desmontar esta estrategia y demostrar que la infanta Cristina era partícipe del engaño creado con su marido.

Así lo hizo durante la jornada del jueves, con la batería de preguntas que la infanta se negó a responder. La letrada de Manos Limpias puso de relieve que, pese a tener separación de bienes, Cristina de Borbón compartió al 50% todos los ingresos que Urdangarin obtenía a través de Aizoon, la mercantil que el matrimonio había creado el 11 de febrero de 2003.

La «ignorancia deliberada» de Cristina

López Negrete también preguntó a la infanta, en vano, por qué cargaba sus gastos personales a Aizoon y se desgravaba gastos imputados a la sociedad mercantil. Y por qué se desentendió por completo de todos los aspectos legales de la empresa, si poseía el 50% de las acciones.

Cristina de Borbón sólo accedió a responder, a preguntas de su abogado defensor, que nunca participó en la gestión de su empresa familiar, sino que lo hacía exclusivamente su marido, en calidad de «administrador», y siempre siguiendo las instrucciones de sus «asesores».

Frente al intento de Horrach de levantar el velo de Aizoon, para apartar a la infanta de los delitos fiscales cometidos, la abogada de la acusación popular apelará a la tesis de la «ignorancia deliberada»: es decir, la infanta dice desconcer cualquier aspecto de la gestión de Aizoon, para eludir su responsabilidad legal.

Existen sobrados precedentes: Pese a alegar la misma «ignorancia deliberada», la esposa del ex presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra fue condenada a dos años de cárcel como copartícipe de los delitos fiscales de su marido, en una situación que guarda muchas similitudes con la de Cristina de Borbón.