El juez imputa a González en Púnica por la financiación del PP tras la declaración de Granados

El juez ha imputado oficialmente al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en la trama Púnica por la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid tras la declaración de Francisco Granados.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha emitido este martes una providencia en la que acuerda la imputación de González por la financiación ilegal del Partido Popular madrileño en las elecciones del año 2007 y 2011.

«En virtud del auto dictado en el presente procedimiento en fecha 2-2-18, de aceptación de la competencia y acumulación de la pieza 4 dimanante de las diligencias previas 91/2016 de este Juzgado Central, se emplaza a Jaime Ignacio González González para que en el plazo de 10 días comparezcan en la causa con abogado y procurador» señala literalmente la providencia del juez García Castellón.

Esta decisión judicial tiene lugar un día después de que el exconsejero madrileño, Francisco Granados, declarase voluntariamente ante el magistrado y señalara al propio González, su antecesora Esperanza Aguirre y la actual presidenta madrileña Cristina Cifuentes por su responsabilidad en la «financiación paralela» de los populares madrileños.

En su comparecencia, Granados señalaba a González, Aguirre y Cifuentes por financiar el Partido Popular de Madrid con facturaciones ficticias o infladas a sociedades a través de empresas públicas, que se escapaban al control del Tribunal de Cuentas.

El juez García Castellón aún tendrá que fijar la fecha exacta en la que el expresidente madrileño tendrá que acudir para comparecer en calidad de investigado. Según Granados, González era «el responsable directo» de la financiación paralela y extraoficial del PP, incluso por delante de Aguirre, y era quien mandaba en realidad «en la Comunidad de Madrid y el Partido».

Precisamente, el juez rechazaba en un auto con fecha 12 de febrero que trascendía este martes el recurso de Granados en el que solicitaba el pasado mes de octubre la citación en calidad de investigados de González, Aguirre y Cifuentes. Sólo unas horas después, el magistrado hace oficial tras resolver esta petición la imputación del expresidente madrileño.

Toda la financiación del PP en la Púnica

El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidía recientemente acumular en la trama Púnica la investigación de la financiación ilegal del PP que hasta el momento se efectuaba en la pieza nº 4 del caso Lezo.

En el auto, el juez evidenciaba el “solapamiento” entre la pieza de Púnica sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño mediante el cobro de comisiones a adjudicatarias de contratos públicos, y la número 4 de Lezo, en la que investiga si el partido hizo lo mismo desviando fondos de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM). Por ello, acordaba juntar ambas investigaciones, que desde esa fecha se instruirán dentro del caso Púnica, ya que éste se comenzó a investigar en primer lugar.

Para tomar esta decisión, el magistrado se servía de un informe policial incorporado a la causa en el que se concluye que tanto en las elecciones de 2011 como en las de 2007 “se sobrepasó por parte del PP su techo de gasto electoral, recurriendo nuevamente a los mismos mecanismos ilícitos que ya venían utilizando en las campañas electorales anteriores”.

La única diferencia entre ambas campañas investigadas residía, según el juez, en “la persona que ocupaba el cargo de secretario general del PP” regional (Granados en la de 2007 y González en la de 2011), “circunstancia esta que, en modo alguno, puede justificar la existencia de dos investigaciones paralelas sobre los mismos hechos”.

García Castellón explicaba en su auto que en las elecciones de 2011 fue ICM la que, a través de Indra (adjudicataria de sus contratos), afrontó “el pago de las deudas” de los “proveedores electorales” del PP, “canalizándose estos pagos a través de distintas empresas instrumentales” y eludiendo con ello “la fiscalización preceptiva de la Cámara de Cuentas de Madrid”.