Trama Púnica

El juez cree que 250.000 € destinados al Campus de la Justicia se desviaron a la caja B del PP

El juez cree que 250.000 € destinados al Campus de la Justicia se desviaron a la caja B del PP

El juez instructor de la trama Púnica investiga tres facturas por un valor total de 250.000 euros relacionadas con la promoción del malogrado proyecto del Campus de la Justicia de Valdebebas en el marco de la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid.

Las facturas sospechosas recogidas en el sumario, al que ha tenido acceso OKDIARIO, fueron emitidas a las empresas Traci Comunicación S.L. y Over Marketing & Comunication Worldwide, propiedad del empresario Daniel Mercado, imputado en la trama corrupta.

El empresario confesó en diciembre al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que el PP de Madrid a través de su entonces gerente, Beltrán Gutiérrez, le pagó "parte de la campaña de 2007 con dinero negro" y que le hicieron "emitir contra empresas constructoras facturas que en realidad escondían trabajos para el Partido".

Por su parte, el exconsejero madrileño, Francisco Granados, reconocía este lunes al juez que el PP de Madrid efectuaba “dos financiaciones paralelas para las campañas electorales del año 2007 y el 2011″. La primera era la oficial y era sometida al control del Tribunal de Cuentas. La segunda era la extraoficial y se sustentaba en facturación inflada o ficticia a través de empresas.

Granados apuntó que González era el dirigente que “mandaba en realidad en el PP y en la Comunidad de Madrid” durante la presidencia de Esperanza Aguirre. En esta línea, apuntaba que éste era el responsable directo de la financiación paralela de la campaña electoral del 2007, junto a la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.

Precisamente, el exdirigente del PP hacía mención en su declaración al empresario Daniel Mercado. Según su testimonio, "fue introducido en la Comunidad de Madrid por González, con el que incluso jugaba partidos de pádel"

La primera factura de Daniel Mercado que publica este diario está fechada el 17 de octubre de 2005 y en ella figura un importe de 116.145 euros a nombre de Traci Comunicación S.L. El concepto es "Producción audiovisual y equipos audiovisuales para el acto de presentación del proyecto ‘Campus de la Justicia de Madrid’.

La factura se refiere a la realización de un vídeo del Campus de la Justicia, guión y dirección de arte, preproducción, equipo artístico, equipo técnico, rodaje, atrezzo y vestuario, post-producción, transportes, dietas del personal, seguros permisos y 400 copias en DVD. También hace referencia a los "equipos técnicos de sonido y vídeo en la sala de maquetas, iluminación, sonido, equipos de vídeo, grabación y generador insonorizado en el jardín del Palacete Duque de Pastrana".

La segunda factura de Mercado por importe de 92.238,59 euros y con fecha 1 de marzo de 2007 se emitió a la empresa Over Marketing & Comunication Worldwide y recoge como concepto el "Acto presentación maquetas Norman Foster. ‘Campus de la Justicia’. Casa de Correos. 22/11/06".

En este segundo recibo se desglosa cada uno de los gastos: producción audiovisual (5.040€), estructuras (6.075€), decoración (25.900€), producción gráfica (3.370€), iluminación (9.615€), sonido (4.690€), vídeo ‘equipos’ (1.150€), diseño y planimetría (2.500€), personal de producción (4.285€), azafatas (440€), creatividad (4.200)". Como extras figuran "30 Copias CD Foster, incluyendo carátulas con nuevo logo Campus (225€) Impresión de 3.000 folletos cuatripticos a 414 tintas sobre papel Conqueror smooth diamond White 320 grs. (3.026,03€).

Factura investigada en Púnica sobre el Campus de la Justicia.
Factura investigada en Púnica sobre el Campus de la Justicia.

Factura investigada en Púnica sobre el Campus de la Justicia.
Factura investigada en Púnica sobre el Campus de la Justicia.

Factura investigada en Púnica sobre el Campus de la Justicia.
Factura investigada en Púnica sobre el Campus de la Justicia.

La tercera y última factura sospechosa es de 41.550,45 euros, con fecha 18 de noviembre de 2006 y emitida a la empresa Over Marketing & Comunication Worldwide con el concepto "Aceptación proyecto MKE ‘Ciudad de la Justicia’ T-4 Aeropuerto Madrid". Entre los gastos, se recoge: lona 1 cara 8,60×4,50 Aeropuerto Madrid T-4 puerta parada taxis izquierda y producción MKE ‘Ciudad de Justicia’ T-4″.

En total las tres facturas emitidas a empresas de Daniel Mercado suman 250.000 euros y los investigadores sospechan que muchos de los conceptos y gastos podrían estar "inflados" con el objetivo de financiar ilegalmente a los populares madrileños.

El empresario que reconoció al juez haber ayudado al PP a financiarse irregularmente para no superar el límite de gasto electoral con facturas falsas, recibió numerosas adjudicaciones de la Comunidad de Madrid en esos años. No obstante, no reconoció el pago de comisiones, pero sí que gastó 400.000 euros en productos de Loewe como pago al buen trato recibido.

El juez cree que 250.000 € destinados al Campus de la Justicia se desviaron a la caja B del PP
Campus de la Justicia de Valdebebas (Madrid).

En el punto de mira de la justicia

El proyecto del Campus de la Justicia se inició en el año 2004 mientras Esperanza Aguirre presidía la Comunidad de Madrid y tenía el objetivo de centralizar todas las sedes judiciales en el nuevo desarrollo urbanístico madrileño de Valdebebas. Dicho proyecto se guardó en un cajón cuando comenzó la crisis económica, pero Ignacio González lo recuperó cuando llegó a la presidencia madrileña en la recta final de su mandato.

González planteaba un contrato de 771,7 millones de euros para un ‘megaproyecto’ que vería la luz en el año 2019 y cuyo presupuesto base de licitación de las obras superaría inicialmente los 1.300 millones de euros aproximadamente. La Comunidad de Madrid ya había invertido cerca de 288 millones sobre el terreno y las compañías adjudicatarias tendrían que aportar los 483 millones restantes.

La licitación fue conseguida pero la rúbrica definitiva de adjudicación no se llegó a plasmar. Posteriormente, Cristina Cifuentes tras llegar a la presidencia regional ordenaba paralizar el proyecto ante las sospechas de que se hubieran cometido irregularidades durante el proceso, originando un proceso judicial. La presidenta madrileña presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para poder paralizar el proyecto.

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