El jefe de investigación del accidente del caza F-5 dice que su trabajo es “secundario, no cobro por ello”

El jefe de la investigación del accidente del caza F-5 ocurrido en Talavera la Real (Badajoz) en 2012 declara que su trabajo para esclarecer lo ocurrido “es secundario” ya que “no le pagan” por ello. Se trata de un teniente coronel que estaba destinado en el Mando de Apoyo Logístico (MALOG) del Ejército del Aire y que dirigió el equipo creado por la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM) para indagar las causas de la tragedia.

En este accidente falleció el instructor del vuelo, el comandante Ángel Álvarez Raigada, y quedó gravemente herido su alumno, Sergio Santamaría. Como ha informado OKDIARIO, según el auto de elevación a sumario el instructor fallecido carecía de las prácticas necesarias para dar clases de vuelo a los alumnos.

Por este hecho, la jueza que instruye la causa, Patricia Moncada Lázaro, interrogó al mando militar responsable de la investigación del siniestro, quien reconoció que no había verificado la verosimilitud del expediente académico del instructor fallecido. Es decir, no comprobó pormenorizadamente si tenía todos los vuelos, misiones de simulador y evaluaciones teóricas exigidas, porque su labor “no es buscar culpabilidades”, declaró ante la juez. Se trata de un accidente aéreo inédito en la historia de la aviación militar española, ya que es el primer caso en el que se investiga penalmente a varios mandos del Ejército del Aire.

Responde «no sé» y «no recuerdo»

La titular del Juzgado Togado Militar número 12 que instruye la causa también preguntó al jefe de la investigación del accidente cómo es posible que el instructor fallecido obtuviera diversas calificaciones si no había completado las misiones de dos de las fases obligatorias de su formación. Concretamente, del Plan de Instrucción 1 y 2. Ante esta cuestión, el mando militar respondió que «no recuerda haber visto esa documentación” y que confiaba en que el Ala 23, la unidad del Ejército del Aire de la que formaba parte la aeronave siniestrada, le entregaba la documentación disponible.

El jefe de la investigación del accidente del caza F-5 también fue preguntado sobre cómo el instructor fallecido pasó de las fases de su formación LCR a CR-3 en tan sólo siete meses, cuando la normativa establece que la duración de dicho tránsito de formación es, como mínimo, de 18 meses. Y por qué se le concedió el título de instructor sin haber realizado ninguna de las 18 misiones de simulador requeridas y tan solo 11 misiones de vuelo de las 66 exigidas.

Por su parte, el mando militar dijo, de nuevo, “que no recuerda haber examinado toda la documentación” porque se fiaba de los datos que le facilitó el Ala 23. Y añadió que de haber observado que el instructor no había cumplimentado las misiones de simulador exigidas “hubiera preguntado por qué al Ala 23.”

El instructor fallecido pasó de las fases de formación CR-1 al CR-3 sin haber cursado la necesaria para obtener la calificación CR-2. Es decir, carecía de la formación necesaria para pasar de nivel en su expediente académico. A este hecho, el mando militar encargado de indagar cómo pudo ocurrir este accidente dijo que “no sabe decir exactamente” cómo pudo ocurrir esto.

Nunca se entrevistó con Santamaría

A preguntas de la juez y de la acusación particular, el jefe del equipo de investigación reconoció que durante la investigación del siniestro nunca se entrevistó con el alumno Sergio Santamaría, único superviviente y testigo directo de todo lo sucedido, pese a que la Orden Ministerial que regula sus cometidos y funciones le obligaba a ello. Este mando militar justificó el incumplimiento de su responsabilidad señalando que «quien no lo consideró necesario fue el Presidente de la CITAAM», un general del Ejército del Aire.

A pesar de que el instructor Álvarez Raigada no finalizó su formación académica para lograr ser instructor de vuelo, su superior, un teniente coronel del Ejército del Aire, emitió una resolución notificando que “cumplía los requisitos”. Por este hecho, la magistrada Moncada atribuye al alto mando militar los presuntos delitos de deslealtad en relación con la conducta sobre la indebida concesión de calificaciones vuelo.

Sin embargo, en abril de 2018 el Ejército del Aire ascendió a ese alto mando investigado penalmente. Recientemente ha tomado posesión como nuevo delegado de Defensa en Extremadura. Por su parte, desde la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO) explican que se trata de un caso «muy grave» y que «los militares tienen derecho a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el ejercicio de su actividad».