Un imputado por el pago de sobornos en Mercasa trabajó tres años con Zapatero en La Moncloa

Uno de los principales imputados en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra ex directivos de la empresa pública Mercasa por pagar sobornos en Angola es un estrecho colaborador y amigo personal del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Se trata de Álvaro Curiel, al que Zapatero colocó en mayo de 2004 (tan sólo dos meses después de ganar sus primeras elecciones) como jefe de Compras e Inventario del Palacio de la Moncloa. Un cargo que dependía directamente de la Secretaría de Estado de la Presidencia del Gobierno.

Aunque las fuentes consultadas por OKDIARIO señalan que la relación entre ambos va mucho más allá de lo meramente profesional: «Curiel es amigo personal de Zapatero», explican, «presume de haber viajado con él en el avión oficial y de haber compartido partidas de póquer» con el entonces presidente del Gobierno.

En 2007, antes de que concluyera la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, Álvaro Curiel se convirtió en director financiero y de Operaciones de la empresa pública Mercasa, entonces presidida por el socialista Javier de Paz.

Rescatado por la alcaldesa Carmena

Durante esta etapa, Curiel complementó sus ingresos como miembro del consejo de administración de las filiales Mercabarna, Mercasevilla y Mercazaragoza. Finalmente, tuvo que abandonar la empresa pública en 2012, cuando el Gobierno de Rajoy designó a un nuevo equipo directivo en Mercasa.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, rescató entonces a Alvaró Curiel y lo nombró director de Infraestructuras e Innovación en Mercamadrid. Por último, el pasado mes de abril, fue cesado en este cargo al quedar imputado por el pago de comisiones en Angola a través del consorcio Mercasa Incatema.

Como ha informado OKDIARIO, el juez José de la Mata ha constatado que Mercasa Incatema (que Curiel presidió durante un año y medio, desde febrero de 2011 hasta junio de 2012) pagó comisiones que suman 20 millones de euros al intermediario portugués Guilherme Taveira Pinto, quien se encuentra huido de la Justicia desde 2014 por un desfalco en un contrato de venta de armas españolas a Angola.

El magistrado sospecha que Taveira destinó una parte de este dinero a sobornar a altos funcionarios del Gobierno de Angola. De hecho, el intermediario portugués era el encargado de negociar directamente con el entonces viceministro de Comercio, Manuel da Cruz Neto, quien desde septiembre de 2016 es ministro en jefe de la Casa Civil del presidente de la República, José Eduardo dos Santos.

Regalos y dinero desviado a Nueva York

El juez De la Mata tomó declaración al ex director general de Mercasa Incatema, Armando Andrade, quien trabajó con Taveira en Angola y relató que “altos funcionarios angoleños habrían recibido dinero, regalos o viajes a Europa” a cambio de la adjudicación de los contratos del mercado mayorista de Luanda.

Andrade apuntó los nombres de Gomes Cardoso (quien firmó varios de los contratos como director nacional de Comercio del Gobierno de Angola), Ladislao Silva y Manuel Pereira. El ex director general de Mercasa Incatema también señaló ante el juez que “existían sobreprecios en los presupuestos de los contratos adjudicados, cuyo excedente era empleado para desviar fondos a terceros países (en concreto, a Nueva York en EE.UU.)»

El consorcio Mercasa Incatema (participado al 50% por la empresa pública Mercasa) obtuvo 2006 un contrato del Gobierno de Angola para construir un mercado mayorista y un centro logístico de distribución en la capital del país, Luanda, por 218,9 millones de dólares. Este contrato se amplió en sucesivas fases hasta alcanzar la cifra de 533 millones de dólares. De esta cifra, no obstante, el Gobierno de Angola sólo ha llegado a abonar 232 millones.

Como ha informado OKDIARIO, 10 años después de iniciar las obras, el mercado mayorista de Luanda carece de algunas de las infraestructuras básicas como suministro eléctrico, agua potable, red de saneamiento, depuradora, equipos de refrigeración y accesos por carretera adecuados.

Dos abogados del Estado, implicados

Tres consejeros delegados de Mercasa Incatema (Javier Pardo de Santayana y los abogados del Estado María Jesús Prieto y Arturo Cortés) firmaron los contratos que estipulaban el pago de comisiones del 8% al intermediario portugués Taveira, hasta alcanzar la cifra de 20 millones. El juez De la Mata investiga ahora qué altos cargos del Gobierno de Angola recibieron sobornos de Mercasa Incatema, la empresa semipública que el imputado Álvaro Curiel presidió entre 2011 y 2012.

Entre los imputados de esta pieza de la Operación Lezo también se encuentran el hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, Pablo González (que ha sido director de Operaciones de Mercasa y consejero de Mercasa Incatema) y el ex presidente de Mercasa Eduardo Ameijide.

En octubre de 2015, cuando el juez De la Mata ya había comenzado a investigar el pago de sobornos en Angola, Eduardo Ameijide firmó un protocolo en el que se comprometía a adjudicar al consorcio Mercasa Incatema la ejecución de todos los proyectos que la empresa pública asumiera en cualquier país del mundo.