El hermano de González tampoco quiere que la Guardia Civil utilice sus 2 BMW y el Audi intervenidos

El hermano de Ignacio González investigado en la ‘Operación Lezo’, Pablo González, tampoco quiere que la Guardia Civil utilice sus 3 vehículos BMW 120D, 320D y Audi A1 Sportback intervenidos tras estallar la trama corrupta sobre el Canal de Isabel II.

La semana pasada el expresidente madrileño presentaba un escrito para que la benemérita no se adjudicara el uso de su BMW 330D y su Smart Fortwo Coupé. Ahora, Pablo González, exdirectivo de la empresa pública Mercasa, ha presentado alegaciones ante el juez Manuel García-Castellón, instructor en la Audiencia Nacional del caso Lezo, para que la Dirección General de la Guardia Civil no se adjudique el uso de sus 3 automóviles intervenidos.

En el escrito presentado ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la defensa de Pablo González solicita la devolución de los automóviles, «una vez finalizada su entrada y registro, al no ser bienes cautelarmente decomisados o decomisables. Para que pueda acordarse esta utilización provisional es preciso que los bienes en cuestión hayan sido decomisados cautelarmente. Los tres vehículos no se encontraban decomisados, sino intervenidos a los meros efectos de su registro».

El letrado del exdirectivo de Mercasa recuerda que el pasado 19 de abril le fue notificado el auto acordando la entrada y registro de su domicilio y que se hacía extensivo a “los vehículos estacionados”. «Con base en esta única resolución», añade, «se incautaron dos de los tres vehículos que nos ocupan (los dos BMWs). El tercero (Audi), que se encontraba en esos momentos en Sevilla por haberse desplazado allí con él una de sus hijas, sería incautado el pasado 11 de mayo».

«Jamás se notificó un auto decretando un decomiso cautelar de estos vehículos. Por tanto, entiende esta defensa que se encontraban incautados a la espera de que finalizara un registro que, ya hace tiempo que ha finalizado. No consta que estos vehículos sean efectos o instrumentos de los indiciarios delitos objeto de las actuaciones» asegura la defensa de Pablo González.

Por último, el escrito destaca que si se atiende a los hechos que se imputan al hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, «no consta en modo alguno que los concretos vehículos de su propiedad hayan sido empleados para cometer los supuestos delitos objeto del procedimiento. Tampoco consta que hayan sido efectos de ningún delito o que sean la transformación de cualquier ganancia de origen delictivo».

En libertad desde julio

El pasado 27 de julio, Pablo González abandonaba la prisión madrileña de Soto del Real donde se encontraba por su implicación en la trama Lezo tras abonar la fianza impuesta rebajada por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, de cuatro millones a 200.000 euros.

La decisión del juez se fundamentaba en los problemas de salud del acusado, que había acreditado con la entrega de partes médicos, y también debido a que la investigación relativa a la pieza Mercasa que hasta ahora formaba parte de Lezo, quedaba en manos del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata.

El magistrado entendía entonces que perdía peso los motivos para que Pablo González continuara en prisión, donde ingresaba el pasado 21 de abril por orden del entonces juez del caso, Eloy Velasco, debido a su relación con la red investigada por el desvío de fondos públicos del Canal de Isabel II. Los investigadores vinculaban al exdirectivo de Mercasa con una contratación presuntamente irregular de esta sociedad con la administración pública angoleña por más de 500 millones de euros.