Hacienda pide detener la investigación fiscal de Inassa y Emissao hasta que se prueben los delitos

Hacienda ha solicitado al instructor del caso Lezo la suspensión provisional de la investigación fiscal sobre la compra de las sociedad colombiana Inassa y la brasileña Emissao adquiridas por el Canal de Isabel II.

En un documento de la Agencia Tributaria, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se solicita al Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional que ordene «la suspensión de los procedimientos inspectores seguidos en relación con los obligados tributarios Canal de Isabel II Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II S.A. y Canal Extensia S.A., por apreciarse que el resultado de dichas actuaciones depende de los hechos que se declaren probados en el procedimiento».

Entre las actuaciones seguidas por Hacienda en el caso Lezo figura la investigación del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2012 a 2015  y al Impuesto sobre el Valor Añadido IVA y a las Retenciones e Ingresos a cuenta sobre Rendimientos del Trabajo y Profesional de los periodos 03/2013 a 12/2016.

Durante las actuaciones, la Inspección de la Agencia Tributaria ha requerido la aportación de los documentos acreditativos de la inversión de Canal Extensia en la sociedad brasileña Emissao SA, (a través de la uruguaya Soluciones Andinas de Agua S.R.L.), y diversos documentos relacionados con las valoraciones preliminares, para investigar los efectos fiscales en Canal Extensia de dicha adquisición y su financiación.

También se han comprobado los ingresos de Canal Extensia procedentes de la holding colombiana Inassa, (aproximadamente un 70% de la recaudación por la actividad del agua de las participadas operativas de Inassa), a través de las cuentas anuales de esta última y los cálculos proporcionados por Canal Extensia.

La Agencia Tributaria afirmad que «de conformidad con el artículo 150.3.b de la Ley 58/2003, General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 34/2015, se solicita de ese Juzgado Central de Instrucción que valore la conveniencia de ordenar la suspensión o paralización de los procedimientos inspectores por apreciarse que el resultado de dichas actuaciones depende de los hechos que se declaren probados en el proceso penal»

«Teniendo en cuenta», añade, «que las conductas que se están investigando en sede penal están relacionadas o son exactamente las mismas que se están comprobando en vía administrativa, la determinación o imputación de las obligaciones tributarias en el procedimiento inspector podría depender directamente de las actuaciones judiciales que en el ámbito penal se están llevado a cabo».

Hacienda señala que «si bien en la comprobación inspectora el equipo actuario no advierte a fecha de hoy indicios de delito fiscal, el hecho de que exista una investigación judicial en curso significa que podrían descubrirse hechos desconocidos por la Inspección que podrían dar lugar a una calificación fiscal diferente con consecuencias fiscales ya sea en vía administrativa o judicial».

«Por todo ello, el equipo actuario considera conveniente instar la suspensión de las actuaciones inspectoras hasta la terminación del procedimiento judicial o, en su caso, hasta el momento en que el juez considere no necesario su mantenimiento» concluye.

Gallardón sobre la compra de Inassa

Tal y como publicaba este diario, el expesidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, defendió en su comparecencia ante el magistrado Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional  la compra de la filial colombiana Inassa por 73 millones de dólares. La adquisición investigada en el caso Lezo se aprobó en el 2001 a través de una sociedad panameña y se autorizó en un Consejo de Gobierno de noviembre del mismo año.

Durante su declaración, Gallardón sostenía que no tuvo conocimiento de los planes de expansión del Canal de Isabel II por Latinoamérica y mostraba su confianza “plena y absoluta” en todos los técnicos y directivos de la empresa pública del agua madrileña, mientras rechazaba conocer a los socios de Inassa.

Además, el exdirigente del PP recordaba que en el Consejo de Administración del Canal que aprobó la adquisición había miembros del PSOE, la patronal, las centrales sindicales y otras administraciones, incluso miembros de la Confederación Hidrográfica del Tajo.