González vuelve a negar las acusaciones al juez de Lezo y pide una rebaja de sus medidas cautelares

Ignacio González ha vuelto a negar en sede judicial todas las irregularidades en su gestión al frente del Canal de Isabel II destapadas en la ‘Operación Lezo’.

González ha declarado este miércoles voluntariamente durante aproximadamente 3 horas en el Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional ante el instructor del caso Lezo, Manuel García-Castellón. El expresidente madrileño se encuentra en prisión incondicional desde el pasado mes de abril por orden del anterior instructor, Eloy Velasco.

Durante la vista, ha pedido directamente al juez una rebaja de las medidas cautelares y ha insistido en negar todas las acusaciones. La petición de González no ha sido oficial, aunque ha sido reiterada por su letrada al magistrado García-Castellón. No se descarta que su defensa presente dicha solicitud en un escrito en las próximas fechas.

La Fiscal Anticorrupción, Carmen García Cerdá, ha interrogado al exdirigente popular sobre nuevas sociedades aparecidas en el transcurso de la investigación relacionadas con su presunta actividad delictiva. Tras la comparecencia, la representante del Ministerio Público no ha variado su posición de mantenerle en prisión sin fianza.

Las fuentes consultadas indican que la defensa González habría aportado documentación para acreditar que ya no era el presidente de la empresa pública del agua en 2013 cuando se adquirió la filial brasileña Emissao. Esta empresa se compró por 21 millones de euros a través de una sociedad instrumental uruguaya. Un año y medio después su valor apenas superaba los 5 millones.

La compra de la filial brasileña fue el detonante de la investigación del caso efectuada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, y la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, cuando Cristina Cifuentes llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid en el 2015 denunció esta operación ante el Ministerio Público.

El que fuera consejero de Presidencia y Justicia con González en el Gobierno regional, Salvador Victoria, fue el que le sustituyó como presidente del Canal de Isabel II. Según la versión del exdirigente popular, Victoria sería por tanto el máximo responsable de la compra de Emissao.

Tras su comparecencia voluntaria, González regresa en un furgón policial a la prisión madrileña de Soto del Real donde seguirá encarcelado compartiendo celda con su hermano Pablo González.

Declaración voluntaria ante el juez

Ignacio González solicitó su declaración voluntaria el pasado 7 de julio. Según el escrito que presentó su defensa, “habiéndose levantado parcialmente el secreto de la causa, esta parte ha podido tener un conocimiento parcial de lo investigado, comprendiendo ahora el sentido de muchas de las cuestiones que fueron formuladas a mi mandante en aquel primer interrogatorio”.

“Y, por ello”, añadía, “desde esta nueva situación, y para poder empezar a defenderse adecuadamente, es deseo de mi representado declarar de nuevo, pero ahora con conocimiento de causa, y a la mayor brevedad posible, a los efectos de poder paliar a la mayor rapidez la situación procesal en que se encuentra”.

La primera declaración de González en dependencias judiciales se produjo tras su detención y en ella, negó los hechos que se le imputaban y matizó que “siempre había actuado en el marco de la legalidad”. Está acusado de cometer presuntamente al menos 10 delitos. Concretamente, cohecho, prevaricación, fraude, malversación, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.

Su comparecencia en la Audiencia Nacional ha coincidido con la de su hermano, Pablo González, en prisión bajo fianza de 4 millones de euros. El hermano del expresidente madrileño ha declarado ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 5, José de la Mata, en el marco del caso Mercasa. Pablo González fue directivo de esta empresa pública hasta el estallido del caso Lezo.