González reveló que parte de las comisiones de Lezo se escondían en el Banco Popular de Colombia

Ignacio González reveló que parte de las comisiones del caso Lezo se encontraban escondidas en el Banco Popular de Colombia a nombre de un exdirectivo del Canal de Isabel II que actuó como testaferro.

Las fuentes consultadas indican que el expresidente madrileño indicó a los investigadores que en esta entidad financiera «se escondían algunas de las comisiones conseguidas a través de varias operaciones relacionadas con las empresas de agua de Colombia y que las cuentas estaban a nombre de Diego García Arias», que ocupó el cargo de gerente de Expansión y Nuevos Negocios de Inassa, filial colombiana del Canal.

El Banco Popular de Colombia se fundó en 1950 en el país sudamericano y tiene sus oficinas centrales en la capital, Bogotá. En dicha entidad, los investigadores hallaron 5,4 millones de dólares en supuestas comisiones fraudulentas que “indiciariamente podrían pertenecer a González y a otros investigados”, un extremo aún por confirmar.

Esta cantidad “no pertenecería sólo a González”, sino a otros de los principales investigados en el caso Lezo como el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino.

El propio exdirectivo de Inassa, Diego García Arias, habría mostrado su intención de colaborar con la justicia española. Un extremo que habrían podido confirmar in situ el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y la Fiscalía Anticorrupción en un viaje reciente a Colombia para impulsar las dos comisiones rogatorias pendientes de contestar por el país sudamericano.

Tras dicho viaje, el instructor de Lezo, a instancia de Anticorrupción, fijaba una fianza de 400.000 euros para González el pasado 7 de noviembre alegando que había disminuido el “riesgo de reiteración delictiva y el de fuga”. El exdirigente popular, encarcelado desde hace 6 meses, abandonaba la prisión madrileña de Soto del Real apenas 24 horas después, tras conseguir reunir la fianza gracias al aval de 11 familiares y amigos.

Por su parte, el letrado de González, Esteban Mestre, aseguró recientemente en un comunicado que el expresidente madrileño «no tiene ningún testaferro, ni sociedades, ni cuentas bancarias, ni dinero, ni bienes inmuebles en el extranjero, ni personalmente ni a través de la titularidad fiduciaria de terceros». «Por todo ello», concluía, «Ignacio González sigue defendiendo su absoluta inocencia y está convencido de que así se demostrará una vez se levante el secreto de actuaciones”.

Pactar con la Fiscalía, su única salida

Tal y como avanzó este diario, Ignacio González aún no ha alcanzado ningún pacto oficial con la Fiscalía Anticorrupción, si bien todo parece indicar que el expresidente madrileño podría haber comenzado a «colaborar con la justicia». Las mismas fuentes consultadas indican que «pactar con la Fiscalía sería la única salida para que González no se pase media vida en prisión». 

El expresidente madrileño está imputado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohecho o blanqueo de capitales.

De esta forma, González podría seguir los pasos del que fuera su mano derecha en los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino. El que fuera presidente de la filial colombiana Inassa decidía «colaborar con la justicia» y confesaba haberse repartido con González y otro investigados una comisión de 2,7 millones tras el pelotazo de la sociedad brasileña Emissao. Una empresa comprada en 2013 por 21 millones y que un año después, su valor apenas alcanza los 5 millones.

El juez de Lezo dejaba en libertad a Rodríguez Sobrino este lunes tras consignar éste la fianza de 100.000 euros impuesta la semana pasada. En el auto, el magistrado consideraba “inexistente” el peligro de fuga que se apreció en su día respecto del investigado.

El instructor García Castellón valoraba igualmente que tampoco hay peligro de destrucción de pruebas, además de tener en cuenta la colaboración del empresario con la justicia al haber señalado la existencia de “activos patrimoniales que proceden indiciariamente de las arcas públicas procedentes de comisiones ilegales” que se habrían repartido los integrantes de la trama.