La Generalitat ‘robó’ al INE el censo para el referéndum ilegal del 1-O

La Generalitat encargó a la empresa DxC Technologies, a la que había adjudicado un contrato de 62 millones de euros, la aplicación informática para realizar el escrutinio del referéndum de independencia del 1-O. Y para ello utilizó ilegalmente los datos del censo de población que el Instituto Nacional de Estadística (INE) facilita al Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat, que en aquel momento dirigía el vicepresidente Oriol Junqueras.

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha levantado el secreto de sumario sobre la pieza en la que investiga la utilización ilegal de los datos protegidos del censo por parte del gobierno de Carles Puigdemont para celebrar el referéndum del 1-O.

Fue precisamente un empleado de DxC Technologies quien informó a la Policía Nacional de que la Generalitat había encargado a su empresa una aplicación informática para centralizar los datos procedentes de las distintas mesas electorales en la jornada del 1-O.

La firma DxC Technologies (una filial de Hewlett Packard) gestionaba más de 300 servidores para alojar en la nube las bases de datos de la Generalitat, tras recibir en 2013 un contrato de 62 millones de euros del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).

«Voluntariado 1 de octubre»

Acogiéndose a este contrato, el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalitat (que entonces dirigía la consellera Dolors Bassa) encargó a DxC Technologies que elaborara un aplicación denominada «voluntariado 1 de octubre», para coordinar la labor de los voluntarios del 1-O.

Sin embargo, cinco días después la empresa se negó a asumir este encargo, alegando que el Tribunal Constitucional ya había prohibido la celebración del referéndum y por tanto sus técnicos podían incurrir en responsabilidades penales.

Pero el mismo empleado explicó a la Policía Nacional que su empresa había desarrollado para la Generalitat otras aplicaciones que podían ser utilizadas para gestionar el escrutinio del 1-O. Se trataba del Sistema Integrado de Información Estadística (SIIE), que integra varias bases de datos gestionadas por Instituto de Estadística de Cataluña (Indescat), dependiente del Departamento de Economía y Hacienda. Es decir, de Oriol Junqueras, quien hoy se encuentra en prisión.

Este sistema incorpora los datos del censo de población facilitado por el INE. La Policía Nacional sospecha que el gobierno de Puigdemont se ha servido ilegalmente de esta información protegida, para utilizarla en el referéndum ilegal. En la misma mañana del 1-O, la Generalitat anunció que aplicaría un «censo universal» para que los votantes pudieran depositar la papeleta del referéndum en cualquier colegio electoral de Cataluña, con el fin de sortear la retirada de urnas que la Policía Nacional y la Guardia Civil estaban desarrollando.

Hasta 600.000 euros de multa

Para ello, la Generalitat habilitó una web denominada registremeses.com, desde la que se centralizaron los datos recogidos en todos los colegios electorales. La Policía sospecha que este «censo universal» utilizó ilegalmente como base los datos del censo de población del INE.

Por orden del juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, la Policía Nacional registró el pasado 5 de diciembre la sede del Instituto de Estadística de Cataluña (Indescat), situada en la Via Laietana de Barcelona. Los agentes están analizando ahora todos los soportes informáticos requisados, para confirmar las sospechas sobre el uso ilegal del censo. Esto supondría una violación de la Ley de Protección de Datos, que puede acarrear una multa de hasta 600.000 euros.