La Generalitat pide a sus proveedores de telecomunicaciones que borren las copias de todos sus emails

El presidente Carles Puigdemont es muy consciente de que va a tener que responder ante la Justicia de todas las ilegalidades que ha cometido para declarar la independencia de Cataluña.

El departamento de Presidencia de la Generalitat ha impartido órdenes a todas sus empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones para que borren las copias de seguridad de todos los correos electrónicos emitidos y recibidos por el Ejecutivo autonómico durante los últimos meses.

De este modo, el Govern de Puigdemont pretende borrar pruebas y evitar que la Justicia pueda acceder a estas comunicaciones, en los distintos procedimientos penales abiertos a raíz de la celebración del referéndum ilegal del 1-O y la declaración de independencia.

Hasta 30 años de cárcel

El propio Puigdemont tendrá que afrontar una petición de hasta 30 años de cárcel, como máximo responsable penal de un delito de rebelión, en la querella que la Fiscalía tiene previsto presentar el lunes contra todos los miembros del Govern y contra la Mesa del Parlament que preside Carme Forcadell.

No es la primera vez que los actuales dirigentes de la Generalitat intentan destruir pruebas para eludir sus responsabilidades penales. La Policía Nacional impidió el jueves que los Mossos destruyeran en la incineradora de Sant Adrià del Besòs documentos comprometedores, supuestamente relacionados con el referéndum del 1-O. La Policía tuvo que esgrimir una orden judicial, porque los Mossos dirigidos por Josep Lluís Trapero se negaban a entregar esta documentación.

Del mismo modo, cuando la Guardia Civil acudió hace apenas una semana a la sede del 112 en Cataluña esgrimiendo una orden judicial, no pudo acceder a ninguna grabación de las comunicaciones desarrolladas por los Mossos durante el operativo del 1-O. Los agentes de la Guardia Civil constataron que la Policía autonómica utilizó un canal de comunicación oculto, para no dejar rastros sobre su connivencia con la organización del referéndum ilegal.