Una fundación dirigida por un condenado del PSOE deja tirados a los enfermos españoles en Venezuela

La situación resulta cada vez más dramática para los 170.000 españoles que residen en Venezuela. Y no ha hecho sino agravarse debido a la pandemia de coronavirus. A la falta de medicamentos y el precario sistema de sanidad pública de aquel país se suman ahora los problema económicos de la Fundación España Salud, que depende del Ministerio español de Asuntos Exteriores.

La Fundación fue creada durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, para dar asistencia sanitaria a los españoles residentes en Venezuela, por iniciativa del entonces consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España en Caracas, José Francisco Armas Pérez.

Antiguo abogado de la UGT en Canarias, Armas Pérez fue alcalde del municipio de Valverde (El Hierro) entre 1983 y 1987, elegido por las listas del PSOE. En 1985 fue condenado a seis años de inhabilitación para ocupar cargos públicos como autor de un delito de prevaricación, por ordenar ilegalmente la demolición de un puente construido sobre la ría del Tamaduste. Después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia, el Gobierno de Felipe González le concedió el indulto en 1992.

En 2004 el entonces ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos envió a José Francisco Armas a Caracas, como consejero de Trabajo de la Embajada española. Tras el paréntesis del Gobierno de Rajoy, el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo restituyó en el cargo en octubre de 2018, por lo que hoy vuelve a ser el responsable de la Fundación España Salud.

La ministra de Trabajo del primer Gobierno de Pedro Sánchez, Magdalena Valerio, otorgó en febrero de 2019 una subvención de 2.950.000 euros a la Fundación España Salud, para garantizar la asistencia sanitaria a los españoles que residen en Venezuela.

El grueso de la ayuda estaba destinada a la atención médica y farmacéutica de mujeres embarazadas, bebés y niños de hasta doce años, pacientes oncológicos y otros enfermos crónicos. La Fundación además ofrece a los españoles residentes en Venezuela mayores de 65 años o discapacitados una ayuda de 395 euros al mes, equivalente a una pensión no contributiva. Esta prestación económica se cobra trimestralmente en bolívares, por lo que con frecuencia se evapora en pocos días a causa de la inflación galopante que sufre el país.

Ambos programas de ayudas se pusieron en marcha en 2019, pero el pasado mes de enero los responsables de la Fundación comenzaron a denegar la asistencia a los residentes españoles que venían recibiéndola porque, según explicaron, ya se había agotado el dinero de la subvención.

La nueva secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul Muro, firmó el pasado 28 de abril el nuevo convenio, por el que el Ministerio de la Seguridad Social otorga a la Fundación otros 3,5 millones de euros para mantener su programa de ayudas en Venezuela.

Pese a ello, varios españoles residentes en Venezuela han denunciado a OKDIARIO que las ayudas siguen paralizadas y se preguntan dónde ha ido a parar el dinero. Katiuska reside en Caracas con su marido, un gallego de 47 años nacido en Lugo y emigrado a Venezuela.

«Trabajaba instalando redes de computación, como técnico informático, pero el año pasado sufrió un infarto grave que lo dejó incapacitado para trabajar», explica Katiuska, «el año pasado la Fundación le concedió ambas ayudas, la prestación económica y la asistencia médica farmacéutica. Pero en enero nos comunicaron que se la tenían que retirar».

«Al principio el médico de la Fundación nos dijo que mi marido ya no tenía derecho a la ayuda, porque según el último reconocimiento se encontraba perfectamente y no tenía ninguna discapacidad»,añade, «pero no era cierto, no le habían hecho ningún reconocimiento». Luego los responsables de la Fundación le reconocieron que no podían seguir pagando su asistencia  porque se había acabado el dinero de la subvención.

La Fundación España Salud ofrece atención médica a los residentes españoles porque «en Venezuela la sanidad pública prácticamente no existe», explica Katiuska. La Fundación facilita atención primaria en su propia sede, en la que tiene cuatro consultorios con médicos de familia.

Si el paciente precisa atención especializada, es derivado a algún centro de la medicina privada, y también en este caso la Fundación del Ministerio de Asuntos Exteriores se hace cargo de los gastos. Hasta que se ha acabado el dinero.

En cuanto a los medicamentos, inicialmente se suministraban a través de una red de farmacias de los distintos barrios de Caracas, pero debido a los graves problemas de suministro que sufre el país ahora se ha centralizado también en la sede de la Fundación.

A pesar de que el Ministerio de Asuntos Exteriores aprobó en abril la nueva subvención, decenas de españoles residentes en Venezuela siguen sin poder acceder a estas ayudas. «A un vecino canario de 70 años», explica Katiuska, «le concedieron ambas ayudas en febrero, pero luego se las han retirado».

«A través del plan especial», añade, «la Fundación cubría la quimioterapia de otra española que tiene cáncer, pero ahora han dejado de pagarle el tratamiento y le han dicho que ya no pueden seguir gastándose dinero a ella. A otro español de avanzada edad le han denegado la prestación económica porque tiene tres hijos, le han dicho que deben mantenerle sus hijos».

A través de las redes sociales, otros españoles en Venezuela han expresado su desesperación por la situación que viven en el país y han pedido públicamente a la Fundación que restablezca sus ayudas. Así lo ha explicado, entre otros, María Lorena, con el siguiente mensaje: «Soy hija de canarios, tengo la nacionalidad española, vivo en Venezuela, soy paciente oncológica pero no estoy recibiendo mi tratamiento, por favor ayúdenme (…) Tengo una hija menor de edad, de 16 años, y quiero vivir mucho para ella. Por favor, ayúdenme, aquí no hay tratamientos».