La fiscal abre una investigación internacional del caso Torbe y pide comisiones rogatorias a Ucrania
Las ucranianas “forzadas” y “encerradas” por ‘Torbe’ bailaban delante de la policía sin denunciar
Las ucranianas que rodaron bukkakes no fueron encerradas por Torbe, estuvieron de turismo por Madrid
La testigo ucraniana: “La policía me convencía de que era la víctima, yo dije que nadie me obligaba”
La investigación del caso ‘Torbe’ toma tintes internacionales. Según ha podido saber OKDIARIO, la representante del Ministerio Público, Mª Jesús Rodríguez, iniciará una investigación internacional para esclarecer la acusación de «trata de seres humanos con fines de explotación sexual» que se le imputa al director y productor de cine porno, Ignacio Allende Fernández, alias ‘Torbe’.
En el informe de la fiscal, al que ha tenido acceso este diario, se recoge la petición de “comisiones rogatorias con testigos que participaron en la realización de los bukkakes (práctica sexual colectiva)”. Las denominadas comisiones rogatorias son una petición de auxilio judicial a otros países. En la mayoría de los casos, esto provoca que la investigación se prolongue durante meses, ya que cada país tarda un tiempo distinto en practicar la diligencia solicitada y enviarla.
Este escrito fue remitido en el mes de julio al titular del Juzgado de Instrucción nº 29 de Madrid, Pedro Antonio Domínguez. Tras recibirlo, el instructor acordaba la puesta en libertad de los dos socios ucranianos del director porno encarcelados, Borys Malinovskyi y Liudmyla Sova.
En este informe, ratificado posteriormente por el juez, se aceptaba su puesta en libertad bajo fianza alegando que “se prevé que la investigación del delito de trata de seres humanos”, del que se les acusa, “se va a alargar en el tiempo”. Borys hizo efectiva la fianza impuesta por el instructor de 50.000 euros y Liudmyla de 1.000 euros.
Según consta en el sumario, Boris era el encargado de enviar dinero a la productora de ‘Torbe’, Perroflauta Producciones, y además era “el encargado de conseguir mujeres de origen ucraniano y organizar su viaje a España” para realizar y grabar los bukkakes. Mientras, Liudmyla era considerada la mano derecha del director y productor de cine porno.
La Audiencia Provincial de Madrid rechazaba recientemente la petición de libertad presentada por la defensa de ‘Torbe’. El tribunal considera que “no han cambiado las circunstancias” que llevaron al director de cine para adultos a ingresar en prisión y que por tanto, debe permanecer en la cárcel.
‘Torbe’ fue encarcelado el pasado mes de abril, acusado de presuntos delitos de “trata de ser humanos, producción y difusión de pornografía infantil, abusos sexuales, organización criminal, blanqueo de capitales y amenazas”.
Las ucranianas desmienten la acusación
Algunas de las jóvenes ucranianas que eran captadas para realizar los bukkakes por el socio de ‘Torbe’, Borys, han desmentido bajo juramento que fueran «engañadas» o «encerradas» al llegar a España y rodar las escenas pornográficas.
OKDIARIO ya publicó fotografías e incluso vídeos que muestran a las jóvenes haciendo turismo por el centro de Madrid durante los días de rodaje en la capital. La mayoría llegaron a rodar varias escenas y por cada uno de los vídeos cobraban 3.000 euros.
La testigo ucraniana protegida, «TP10», cuyo testimonio inicial sirvió a los investigadores para sustentar la acusación de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, desmentía las acusaciones contra ‘Torbe’ en una declaración posterior aportada a la causa.
«TP10» aseguró que antes de viajar “sabía que era para participar” en un bukkake, donde “un grupo de hombres tiene que eyacular sobre la cara. “Siendo mayor de edad”, añadía,“lo acepté”. También afirma que le pagaron “los honorarios correspondientes según lo pactado” y que en ningún momento estaba “obligada” a participar en el vídeo.
Por último, aclaraba que en su primera declaración ante la policía, los agentes le “convencían” de que ella era la “víctima” y que estaba en las oficinas de ‘Torbe’ contra su “voluntad”. Sin embargo, según la joven, ella les manifestó ante una intérprete en varias ocasiones que estaba allí “por su propia voluntad” y “que nadie le obligaba”. Posteriormente, aseguró que la policía le hizo“firmar unos documentos”, sin saber lo que estaba escrito, y que no le entregaron“copia” de los mismos.
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