Investigación
Campo de Cariñena

Félix Bolaños denunciado por expulsar a un alcalde socialista que alertó sobre casos de corrupción

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Un alcalde socialista y presidente del Campo de Cariñena, José Luis Ansón, ha denunciado a Félix Bolaños, actual ministro de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez y secretario para la Reforma Constitucional y Nuevos Derechos del PSOE, por falsedad documental en un certificado que llevaba su firma. En ese documento se afirmaba que Ansón había sido expulsado del PSOE aragonés y, por tanto, debía pasar al grupo mixto dentro de Comarca del Campo de Cariñena (provincia de Zaragoza), algo que el propio Ansón negaba que fuera cierto y que acabaría sucediendo en septiembre de 2021, cuatro meses después.

La denuncia fue presentada ante un juzgado de Madrid en representación de la Comarca Campo de Cariñena y de su presidente José Luis Ansón contra Félix Bolaños, entonces secretario de la Comisión Federal de Ética y Garantías y contra Óscar Santos Plaza, responsable del Departamento de Atención a la Militancia y la Ciudadanía del PSOE, por «falsedad documental».

Hasta su ascenso, Félix Bolaños fue entre otros cargos, profesor del Instituto de Empresa y experto en Derecho Laboral en un gran bufete de abogados hasta que en 2014 fue nombrado secretario de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE y, por tanto, el encargado de investigar y decidir las expulsiones del partido. Pero en este caso, a Bolaños «le pudieron las prisas, porque después de comunicarme la expulsión yo tengo derecho a presentar alegaciones durante tres meses y no puede ser efectiva esa expulsión, de hecho, tardaron cuatro meses en comunicármelo», explica el alcalde José Luis Ansón a OKDIARIO, que especifica que la denuncia a Bolaños «es porque mandó un documento falso a la administración».

La denuncia contra Félix Bolaños.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, se explica que Ansón, «afiliado al PSOE, fue nombrado presidente de la comarca de Campo de Cariñena, en julio de 2019» y que una vez «nombrado presidente de la referenciada Administración Pública, pudo constatar, al parecer, la existencia de profusas irregularidades, algunas de ellas potencialmente constitutivas de ilícitos penales».

Ansón ha explicado que desde entonces «empezó a sufrir presiones por parte de múltiples cargos del Partido Socialista Obrero Español, con la finalidad de que retirase las denuncias formuladas, habida cuenta de que las mismas ponían de manifiesto supuestas conductas antijurídicas penalmente reprochables que podían perturbar los resultados electorales de dicho partido político».

Tras las denuncias públicas y privadas de Ansón el PSOE decidió incoar un expediente disciplinario que no fue notificado al interesado hasta el 10 de mayo de 2021 cuando recibió la resolución dictada por «la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE» en la que se acordó su expulsión de militancia. El 21 de mayo Ansón formuló recurso en tiempo y forma hábil contra la resolución de su expulsión, según los propios estatutos del partido. El problema es que «con carácter previo a que se le notificase la resolución de expulsión, es decir, sin que hubiera comenzado el plazo de impugnación para el señor Ansón, en fecha 7 de mayo de 2021 (es decir, tres días antes de que se notificase al señor Ansón la resolución de expulsión), Félix Bolaños, secretario de la Comisión Federal de Ética y Garantías certificó que la Resolución había «devenido firme y definitiva» como se desprende de su tenor literal», según recoge la denuncia presentada ante los juzgados de Madrid en septiembre de 2021.

La resolución del PSOE donde se expulsa a Ansón.

Además, el 13 de mayo de 2021 Óscar Santos Plaza, Responsable del Departamento de Atención a la Militancia y la Ciudadanía del PSOE emitió certificado de expulsión de José Luis Ansón «como militante el día 16 de marzo de 2021». La cuestión es que Ansón estaba en fecha válida para poder recurrir su expulsión y, sin embargo, los dos altos cargos socialistas emitieron certificados como si Ansón ya no formase parte del PSOE, según afirma el denunciante. La denuncia recoge que «de ambos certificados se ha tenido conocimiento mediante la solicitud, en fecha 19 de mayo de 2021, de un pleno extraordinario promovida por seis consejeros del PSOE, Lucio Cucalón Bernal, Juan José Redondo, Marco Antonio Campos, Israel Remón, Jesús Javier Gimeno y Daniel Salvador».

Finalmente, la denuncia cayó por turno en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que se declaró sin competencia, puesto que «uno de los denunciados está aforado ante el Tribunal Supremo», ya que es ministro del Gobierno, algo que no era cuando la denuncia fue presentada. El juzgado se declaró no competente y por eso, Ansón ha recurrido en reforma y apelación para que el juzgado promueva un «incidente de nulidad de actuaciones por falta de competencia» y se inhiba en favor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Un problema de 150.000 euros

José Luis Ansón es el verso suelto del PSOE de Aragón. Cuando llegó a la presidencia del Campo de Cariñena como alcalde de Tosos, un pequeño pueblo de Zaragoza, en julio de 2019, lo primero que hizo fue revisar las cuentas y descubrir que había prevista una subida de sueldos de trabajadores de este organismo para 2020 del 23 por ciento en algunos casos. Todo ello en contra de un informe de la Secretaría de la Comarca, que agrupa a 19 municipios aragoneses y que habría supuesto un fraude a las arcas públicas de unos 150.000 euros, ya que la Ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado que impedía una subida de sueldo superior al 1,5 por ciento para los funcionarios.

Así que decidió poner una denuncia salpicaba directamente al anterior presidente de la comarca, su predecesor, el diputado socialista autonómico Sergio Ortiz, y aquello no gustó al PSOE, que intentó deshacerse de Ansón, un alcalde que intentaba que prevaleciesen los informes técnicos y jurídicos que desaconsejaban y se mostraban contrarios a esa subida salarial. Tras todas las denuncias el PSOE decidió expulsarlo del partido y de la presidencia de la Comarca, un organismo que maneja un presupuesto anual de 3,5 millones de euros.