Un ex directivo de Canal reconoce que desvió 1,3 millones en asesorías falsas con el nº 2 de González

Un exdirectivo de Canal de Isabel II en Colombia ha reconocido que desvió 1,3 millones de euros en 4 contratos falsos de consultoría con el que fuera nº 2 de Ignacio González en la empresa pública del agua en Latinoamérica y presidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino.

En su declaración ante la Sala de Audiencias nº 13 del Centro Judicial de Barranquilla (Colombia), a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el exgerente de la filial colombiana del Canal de Isabel II Triple A, Ramón Navarro Pereira, acepta los cargos que le imputa la Fiscalía colombiana por delitos de administración desleal, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad documental.

Según el relato del fiscal colombiano, Ramón Navarro Pereira y Edmundo Rodríguez Sobrino «hicieron suscribir a Diego García Arias (exgerente de Inassa) y Juan Acosta (directivo de Triple A) 4 contratos de consultoría para el ‘Estudio de viabilidad normativa para la aplicación de un mercado regional con base en la Comisión Reguladora de Agua Potable, CRA’ por valor de 4.500 millones de pesos (1,3 millones de euros al cambio) violando el mandato de contratación».

«Con el objeto de dar apariencia de legalidad», añade la Fiscalía, dichos contratos «se fraccionaron y fueron suscritos previa imposición de Edmundo Rodríguez Sobrino y Ramón Navarro Pereira el mismo día del año 2015, pero con fecha del año 2014 por un objeto contractual inexistente y con el propósito de apropiarse para Inassa de recursos de Triple A».

Según el fiscal, los 4 contratos de consultoría «no eran reales» y provocaron una menor tributación de Triple A y menos beneficios para Inassa, provocando el enriquecimiento de terceras personas.

Los investigadores colombianos sostienen que durante los años 2012 y 2015, Ramón Navarro Pereira, junto con los entonces representantes de  Inassa y de la firma Recaudos y Tributos, se habrían apropiado de un total 27.879 millones de pesos colombianos (8 millones de euros) mediante la creación de 54 facturas de bienes y servicios que no fueron adquiridos; y los citados 4 contratos de consultoría que pretendían justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado ante la Comisión Reguladora de Agua Potable.

La Fiscalía colombiana indica que estos gastos se acreditaron como operaciones normales de Triple A y fueron registrados en la contabilidad y en las declaraciones de renta en los años respectivos y, finalmente, se usaron para calcular los dividendos de los accionistas (Inassa, Socios Particulares y Distrito de Barranquilla) y realizar los cobros correspondientes por regalías.

Rodríguez Sobrino citado a declarar

La Fiscalía Anticorrupción de Colombia citaba a declarar desde el pasado miércoles a Edmundo Rodríguez Sobrino, por un supuesto contrato «ficticio» por 237.000 millones de pesos colombianos, que equivaldrían actualmente a unos 68 millones de euros.

Un escrito emitido por el Ministerio Público colombiano señala que «en cumplimiento de los parámetros establecidos en el antiguo Sistema Penal colombiano, la Fiscalía abrió investigación formal y citó a indagatoria a directivos y exdirectivos de las empresas vinculadas a la operación Acordeón», equivalente al caso Lezo en España que investiga el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional.

Entre los 11 citados por presuntos delitos de «concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito» y «enriquecimiento ilícito de particulares», se encuentra el expresidente de la filial colombiana del Canal Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino.

Según la Fiscalía Anticorrupción de Colombia, «esta línea de investigación está relacionada con el contrato suscrito el 4 de septiembre de 2000, entre la empresa española Inassa y Triple A, en la que se pactó un pago mensual de 4.5% del recaudo de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y aseo, por la prestación de una asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica».

Los fiscales colombianos calculan que en los 17 años de vigencia del contrato, «se habrían pagado 237.836.823.242 pesos colombianos. Adicionalmente, se cree que el contrato no se ejecutó y se presentó una supuesta desviación irregular de los dineros con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia S.A. -empresa del Grupo Español Canal Isabel II – y Slasa».