El PP quiere que su ex diputado y catedrático Ollero presida el Constitucional

El catedrático de Filosofía del Derecho y ex diputado del PP Andrés Ollero Tassara se perfila como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), mientras que la vicepresidencia recaerá con toda probabilidad en la magistrada Encarnación Roca Trías (que en su día fue elegida a propuesta del PSOE).

Se trata de un nombramiento de especial trascendencia, pues el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido poner en manos del Tribunal Constitucional buena parte de los resortes jurídicos para frenar la ofensiva independentista de la Generalitat de Cataluña, que preside Carles Puigdemont.

De acuerdo con los plazos legales, antes de que concluya el año el Senado debería aprobar la designación de cuatro de los 12 miembros del Constitucional, en sustitución de los que fueron elegidos en 2010. La renovación afectará por tanto al actual presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos; la vicepresidenta, Adela Asua, y Ricardo Enríquez Sancho, que se incorporó al Tribunal en marzo de 2014 tras el fallecimiento de Francisco José Hernando. Además, debe cubrirse la vacante del magistrado Luis Ignacio Ortega, fallecido en abril de 2015.

La vicepresidencia, para el PSOE

De acuerdo con la tradición de los últimos mandatos, todo indica que el Senado designará a dos magistrados afines al PP y otros dos afines al PSOE. De este modo, se preservará el actual equilibrio en el alto Tribunal, en el que existe una mayoría de siete magistrados próximos al PP «conservadores» frente a cinco afines al PSOE.

El acuerdo que los dos grandes partidos han aplicado hasta ahora indica que, una vez renovada la tercera parte de los miembros del Tribunal, se designará a un presidente próximo al PP y una vicepresidenta afín al PSOE, entre los miembros del tercio más antiguo: es decir, entre los cuatro magistrados elegidos por el Congreso de los Diputados en 2012.

Hay pocas dudas de que la Vicepresidencia corresponderá a Encarnación Roca Trías (Barcelona, 1944), que fue la primera catedrática de Derecho Civil en España y la cuarta mujer que accedió a un puesto en el Tribunal Supremo. Doctora por la Universidad de Barcelona, ha dictado varias sentencias pioneras en Derecho Civil y de Familia.

En cuanto a la presidencia del Constitucional, correspondería a uno de los dos magistrados elegidos en 2012 a propuesta del PP: Andrés Ollero o Juan José González Rivas. Según las fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO, el primero de ellos tiene todo a su favor para acceder al cargo.

Aunque también puede pesar en su contra el hecho de que haya sido diputado del PP durante 17 años, un dato que ya resultó especialmente polémico cuando fue elegido miembro del TC en 2012. Entonces se impuso el criterio de que las únicas incompatibilidades que se pueden aplicar a los miembros del Constitucional son las que figuran en su Ley Orgánica, que no incluyen el hecho de haber militado en un partido político.

La misma polémica se planteó respecto al actual presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, después de que trascendiera que fue militante del PP durante varios años. De hecho, PP y PSOE sumaron sus votos en julio de 2015 para impedir que prosperara una enmienda con la que ERC pretendía impedir que los miembros del Constitucional puedan militar en un partido o sindicato durante el ejercicio de su cargo.

Como diputado del PP, Andrés Ollero ha sido portavoz en las Comisiones de Educación y Justicia del Congreso de los Diputados. Tras ser diputado por Granada durante 17 años, abandonó su escaño en 2003 para reincorporarse a su puesto de catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Contra el aborto y el matrimonio gay

Miembro numerario del Opus Dei, se ha pronunciado en distintas ocasiones en contra del aborto y del matrimonio homosexual impulsado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. También ha sido presidente de la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva), un puesto que hoy ocupa el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.

El otro magistrado afín al PP que podría optar a la presidencia del Tribunal Constitucional, aunque con menos opciones, es Juan José González Rivas. Ha sido magistrado de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y miembro de la Junta Electoral Central (JEC), por designación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Fue uno de los magistrados del TC que firmaron un voto particular en contra de la sentencia que avaló el matrimonio homosexual y en 2009 defendió una ponencia a favor de permitir la objeción de conciencia a la asignatura de Educación a la Ciudadanía, también instaurada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Las fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO admiten que en estos momentos está «muy abierta» la elección entre ambos candidatos para el cargo de presidente del TC. Ante la duda, la mayoría conservadora podría inclinarse por un tercer nombre: Pedro González-Trevijano, que fue elegido miembro del Constitucional en 2013 a propuesta del CGPJ.

Aunque en este último caso, señalan las mismas fuentes, la mayoría conservadora del Tribunal podría dividirse, propiciando así la elección de la progresista Encarnación Roca Trías (designada en su día a propuesta del PSOE) como presidenta.

Pedro González-Trevijano (Madrid, 1958) es catedrático en Derecho Constitucional. Ha sido rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid y vocal de la Junta Electoral Central (JEC). Como miembro de la comisión de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos nombrada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, se opuso al traslado de los restos del Franco por considerar que esta medida serviría «más para separar, dividir y tensionar».

Se vuelven a demorar los plazos

De acuerdo con la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional, los magistrados de este órgano son nombrados por un período de nueve años. Por su parte, el presidente del TC tiene un mandato de tres años, que puede ser renovado una sola vez.

Cada tres años debe renovarse la tercera parte de los 12 miembros del Tribunal. Sin embargo, la falta de acuerdo entre el PP y el PSOE retrasó el último nombramiento de los cuatro miembros designados por el Senado: debía aprobarse en 2007 y se postergó hasta 2010. Se trata de los cuatro magistrados que deben ser sustituidos ahora. De nuevo, el tiempo apremia y parece improbable que los nombramientos puedan aprobarse este mes de diciembre.