El ex alcalde de Oropesa denunciado por la Fiscalía se niega a dimitir como portavoz del PP

El ex alcalde de Oropesa Rafael Albert se niega a dimitir como concejal y portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento a pesar de los graves delitos de los que está acusado en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Castellón.

La Fiscalía acusa a Rafael Albert de los presuntos delitos de prevaricación y malversación por asignar ilegalmente a dos funcionarios del Ayuntamiento, cuando era alcalde, un complemento de productividad desorbitado: el secretario José Luis Silvente llevó a cobrar 6.650 euros al mes por este concepto y el jefe de personal, Manuel Tellols, con hasta 2.400 euros.

El sueldo medio del secretario de un ayuntamiento de las dimensiones del de Oropesa (que tiene una población de 8.800 habitantes) ronda los 4.500 euros al mes. El plus de productividad que el secretario de Oropesa cobró en julio y agosto de 2018 (meses reservados habitualmente a las vacaciones de los funcionarios) supera ampliamente esta cifra.

Rafael Albert aprobó personalmente el pago de este plus en 2018, cuando era alcalde de Oropesa, a pesar de que la interventora municipal le advirtió de que estaba actuando ilegalmente. En su informe, la interventora hizo constar que los pagos no estaban justificados, no habían sido cuantificados de forma objetiva y vulneraban el procedimiento legal, ya que debían haber sido aprobados antes por el Pleno.

En las elecciones municipales del pasado 26 de mayo, el PP perdió la mayoría que tenía en el Ayuntamiento de Oropesa (había gobernado durante el último mandato con seis concejales). Tras los comicios se formó un pacto de gobierno formado por cinco concejales del PSOE, encabezados por la alcaldesa María Jiménez, y dos de Ciudadanos (Cs), encabezados por la teniente de alcalde Araceli de Moya.

Las fuentes municipales consultadas por OKDIARIO señalan que el Grupo Municipal de Ciudadanos se plantearía la posibilidad de conformar una nueva mayoría de gobierno con los cinco ediles del PP, siempre que Rafael Albert abandonara el acta de concejal ante las graves acusaciones que la Fiscalía ha planteado contra él.

Sin embargo, la decisión de Albert de mantenerse en su puesto de portavoz municipal del PP se ha convertido en el principal escollo para que se produzca un cambio de gobierno en el municipio. En principio, la dirección del PP no le va a exigir que dimita, hasta que se produzca su imputación formal.

Rafael Albert se ha negado a realizar declaraciones a OKDIARIO y a explicar por qué puso un plus de productividad de hasta 6.650 euros al mes al secretario municipal, incluso en los meses de vacaciones. En el ejercicio de sus funciones, el secretario ha sido miembro de buena parte de las mesas de contratación convocadas por el Ayuntamiento para adjudicar concursos públicos.

Por su parte, la teniente de alcalde Araceli de Moya (Cs) ha anunciado que su grupo exigirá que Rafael Albert dimita como concejal y portavoz del PP, si se confirma su imputación por estos hechos. De Moya también ha anunciado que el equipo de gobierno ya estudia las medidas disciplinarias que tomará contra el secretario municipal denunciado por la Fiscalía: «No vamos a mirar hacia otro lado, no nos temblará el pulso».

El Ministerio de la Función Pública ya ha iniciado los trámites para abrir un expediente disciplinario contra el secretario de Oropesa, José Luis Silvente, que podría ser apartado del cargo si se confirma su imputación.

El Ministerio de la Función Pública actúa así a instancias de la Asociación contra la Corrupción Administrativa en el Ámbito de las Administraciones, presidida por Miguel Ángel Ruiz Sánchez, que ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento otras presuntas irregularidades cometidas por el secretario municipal.

Como ha informado OKDIARIO, José Luis Silvente ya ha pedido al Ayuntamiento que le pague los gastos de defensa en la causa que ha abierto contra él el Juzgado de Instrucción número 3 de Castellón.

Se busca un abogado mediático

Silvente se acoge así a la normativa que permite a los funcionarios pedir el amparo de la Administración, cuando son procesados por una decisión que han tomado en función de su cargo público. Sin embargo, resulta muy dudoso que el Ayuntamiento deba pagar su defensa, cuando es acusado de apropiarse indebidamente de fondos públicos del propio Consistorio.

Según las fuentes consultadas por este diario, Silvente habría requerido los servicios profesionales de un abogado penalista extraordinariamente mediático, Javier Boix, que en los últimos años ha llevado la defensa del ex presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, del ex presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, el ex conseller de Cooperación de la Generalitat Rafael Blasco (acusado de desviar fondos destinados a la ayuda al Tercer Mundo) y el ex director general de Caja Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad.