Diplocat mintió 13 veces a Hacienda para ocultar que gastó 300.000€ en el referéndum ilegal

El secretario general del Diplocat, Albert Royo, mintió al menos 13 veces al Ministerio de Hacienda para ocultar que había gastado más de 305.000 euros públicos para comprar tres equipos de observadores internacionales, con el fin de que avalaran el resultado del referéndum ilegal de independencia del 1-O.

El Consorcio de Diplomacia Exterior de la Generalitat organizó con dinero público la presencia de tres grupos de observadores durante la jornada del referéndum: una delegación de 13 miembros encabezada por la neozelandesa Helena Catt (costó 206.371 euros), otro grupo denominado Wokshop d’Experts Europa (cuya presencia costó 34.763 euros públicos) y una delegación de diputados del Parlamento europeo (cuya visita costó costó 64.654). Los tres grupos llegaron con todos los gastos pagados entre el 27 y el 28 de septiembre, y abandonaron Cataluña dos días después del referéndum.

En el caso de los europarlamentarios (entre los que había representantes de Bildu y el Sinn Féin, el antiguo brazo político de los terroristas del IRA), el Diplocat sólo pagó su gasto de desplazamiento y alojamiento e hotel. En el caso de los otros dos grupos, el Diplocat pagó además unos honorarios a cada observador, para que apoyaran el resultado del referéndum.

Tras ser imputada por ocultar estos datos, la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, ha entregado finalmente al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona la documentación referida a la presencia del grupo denominado Democracy Volunters, que encabezaba Helena Catt.

El Diplocat camufló la visita de esta delegación con el siguiente enunciado: «Visita a Cataluña de diferentes profesionales con el objetivo de emitir un informe referido al análisis de la evolución histórica y social de Cataluña y las relaciones con España». Y sólo en el enunciado en inglés, que aparece a continuación, se menciona el referéndum ilegal del 1-O: «Analysis of the political context of Catalonia in the leadup to the 2017 Catalonian Independence Referendum».

El Diplocat pagó una remuneración de 8.775 euros públicos a cada uno de los 13 miembros del equipo de Helena Catt, además de todos los gastos de desplazamiento (vuelos y taxis), hotel y restaurante.

En cada uno de los 13 expedientes de pago de estas retribuciones, el secretario general del Diplocat, Albert Royo, firmó una «declaración de responsabilidad» en la que aseguraba que «todas las órdenes de pago no responden a gastos que se dirijan a la financiación de ninguna actuación ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales».

Se trata de la fórmula que el Ministerio de Hacienda, entonces dirigido por Cristóbal Montoro, había impuesto al intervenir las cuentas de la Generalitat y sus organismos públicos, para evitar que Puigdemont pagara con fondos públicos los gastos del referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional.

Al firmar 13 veces esta «declaración responsable», el secretario general del Diplocat, Albert Royo, era consciente de que estaba mintiendo: los gastos correspondían al grupo de observadores del referéndum ilegal cuya presencia costó 206.371 euros públicos a las arcas de la Generalitat. De este modo, Albert Royo incurrió en varios delitos de malversación y falsedad documental.

Albert Royo mintió de nuevo el pasado mes de julio, cuando declaró como imputado ante el titular del juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. Royo reconoció que el Diplocat había pagado la presencia de los tres grupos de «expertos internacionales», pero aseguró que su labor no tuvo nada que ver con el referéndum ilegal. El mero análisis de los expedientes de contratación demuestra que el secretario del Diplocat mintió al juez, pero esta vez la Ley se lo permitía en su condición de imputado.

Finalmente, de nada sirvió que el Diplocat gastara más de 300.000 euros públicos para comprar a los observadores internacionales. En su informe final, el grupo encabezado por Helena Catt constata que no puede avalar el resultado del referéndum ilegal, debido a las numerosas irregularidades detectadas. Los propios expertos contratados por la Generalitat comprobaron que un mismo ciudadano podía votar varias veces y que el escrutinio careció de cualquier rigor.

La Generalitat financió las actividades del Diplocat con 1,6 millones de euros públicos en 2017. En aplicación del artículo 155, el Gobierno de Rajoy ordenó disolver este organismo, tras constatar que era un instrumento más al servicio del golpe de Estado separatista y que sus actividades se habían centrado en desacreditar la imagen de España en el exterior. Sin embargo, el Govern de Quim Torra ha reactivado ahora el Diplocat, con el beneplácito del Gobierno de Pedro Sánchez, quien necesita el apoyo de los independentistas para mantenerse en la Moncloa.