Al chófer de Bárcenas le pagaron con fondos de antiterrorismo y crimen organizado

Durante los dos años que el chófer Sergio Ríos cobró una asignación económica con dinero de los fondos reservados, el Ministerio del Interior estuvo bajo el mando de Jorge Fernández Díaz y disponía de un presupuesto anual de poco más de 6 millones de euros.

Ese dinero, que se aprueba cada año en los Presupuestos Generales del Estado, está destinado principalmente a sufragar las operaciones contra el crimen organizado, incluido narcotráfico y delitos conexos, y la lucha contra el terrorismo. En ningún momento, según las normas internas del Ministerio, ese dinero podía ser destinado a financiar una misión contra un caso de corrupción y, mucho menos, un operativo extrajudicial para sustraerle documentos al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.

En 2014, cuando se puso en marcha la operación contra Bárcenas, el Gobierno de Rajoy destinaba una partida de 25 millones de euros a Fondos Reservados. Además de Interior, los otros departamentos que percibían ese dinero, supuestamente opaco, eran el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que suele recibir tres cuartas partes del presupuesto, el Ministerio de Defensa -poco más de medio millón de euros- y Asuntos Exteriores y Cooperación -casi doscientos mil euros-.

Un control bajo la Secretaría de Estado

Las pautas para la distribución y gasto de los fondos reservados están regladas por la ley 11/1995 del 11 de mayo, de Regulación de la utilización de los créditos destinados a gastos reservados. La norma fue aprobada tras el escándalo de los sobresueldos con dinero negro con cargo a esa partida durante la época ministerial de José Luis Corcuera y de Rafael Vera como secretario de Estado de Interior.

La ley dispuso que los gastos reservados debían estar “sometidos a un control administrativo interno” que respetara “su peculiaridad”, a la vez que asegurara “su correcto uso”. La norma obligaba al Gobierno, por tanto, a asegurar que todo ese dinero fuera “exclusivamente destinado a las finalidades específicas para las que fue aprobado”.

La ley exigía a los titulares de los departamentos, al Ministerio del Interior en el caso de la investigación irregular sobre Bárcenas, a informar al presidente del Gobierno sobre su utilización. También debía informar a la Comisión de gastos reservados del Congreso, semestralmente.

El departamento que recibía y fiscalizaba en el Ministerio del Interior los fondos reservados, que procedían del Banco de España, era la Secretaría de Estado, a través de la Dirección del Gabinete de Coordinación. En las fechas de la operación policial contra el tesorero del PP, Francisco Martínez Vázquez era el secretario de Estado y el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, el director de Coordinación.

Sin embargo, resultaba poco probable que ambos altos cargos del Ministerio estuvieran al corriente del destino que se le daba a todo ese dinero porque el control final dependía, en cada caso, del agente de campo de la Policía.