BPA demanda a EEUU por retener comunicaciones con España y Andorra en las que se habla de los Pujol

Los dueños de Banca Privada de Andorra, BPA, Higini y Ramón Cierco, han presentado una demanda ante la Corte Federal de Washington contra el Departamento del Tesoro de EE.UU. y su agencia contra los delitos financieros, FinCEN, por no entregar comunicaciones mantenidas entre el Gobierno de España y Andorra, que contendrían «información sensible» sobre el ex presidente catalán, Jordi Pujol.

Según ha podido saber OKDIARIO, los máximos accionistas de BPA solicitaron hace meses al FinCEN «todos los documentos relacionados con las comunicaciones mantenidas entre el propio FinCEN, el gobierno andorrano, el ejecutivo español y 15 políticos, policías y fiscales» de ambos países, antes y durante la intervención de la entidad bancaria por parte del Gobierno del Principado. Dichos documentos incluirían «emails, cartas y facsímiles” o informes que registrarían llamadas telefónicas.

La agencia del departamento del Tesoro de EE.UU. contra los delitos financieros contestó que poseía un total de 348 documentos relacionados con este asunto, sin embargo, meses después el FinCEN todavía no ha remitido ningún documento alegando que son «confidenciales». La solicitud cursada por los Cierco se sustenta en la Ley de Transparencia estadounidense denominada FOIA (Freedom of Information Act).

En la demanda presentada, a la que ha tenido acceso este diario, los dueños de BPA reclaman a la Corte Federal de EE.UU. «una orden judicial que obligue a los acusados ​​a revelar los registros solicitados y hacer copias de los mismos a disposición del demandante». Explican que si hay datos confidenciales que deben ser omitidos por le FinCEN estos se tienen que delimitar claramente en los documentos solicitados y no utilizar este pretexto para no enviar ninguna información al respecto.

También reclaman los «costos de adjudicación y honorarios de abogados bajo cualquier Ley o autoridad aplicable» y «la concesión de las ayudas adicionales o diferentes que el Tribunal considere justas y apropiadas» en el procedimiento.

En esta lista de personas que podrían haber mantenido algún tipo de interlocución con la agencia norteamericana por el caso BPA, y cuyos registros eran solicitados por los hermanos Cierco, se encontraría el ex ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz; el director de Gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, y el ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso.

En el ámbito policial, habría nombres como el ex comisario Marcelino Martín Blas, el ex nº 2 de la Policía, Eugenio Pino; el ex comisario José Villarejo; mientras entre los representantes del Ministerio Público, habría documentos relacionados con el ex fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce y otros miembros de la Fiscalía Anticorrupción de España.

Por parte de Andorra, se aludía al fiscal general del Principado, Alfons Alberca, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Carles Fiñana; y la jefa del Instituto Nacional de Andorra de Finanzas, Maria Cosan.

«Información sensible» de los Pujol

Las fuentes del caso consultadas por OKDIARIO sostienen que el FinCEN guarda “información sensible” sobre la fortuna de los Pujol en Andorra relacionada con el caso BPA, Banca Privada de Andorra.

Estas mismas fuentes aseguran que “el nexo entre el caso BPA y los Pujol lo habría propiciado el comisario Marcelino Martín Blas”. Cabe recordar que los propietarios de Banca Privada de Andorra, Higini y Ramón Cierco, y los Pujol se han querellado hace pocos meses contra el ex jefe de asuntos Internos.

Según denunciaron ante la Justicia de Andorra los hermanos Higini y Ramón Cierco, Martín Blas les “amenazó y extorsionó” antes de que la entidad financiera fuera intervenida. El agregado del ministerio de Interior en la embajada de España en Andorra, Celestino Barroso, les trasladó la necesidad de reunirse con unas personas en Madrid, “o de lo contrario el banco morirá”. Barroso añadió que “los estadounidenses estaban al corriente y ya sabían cómo hacerlo”.

Finalmente, según la versión de Cierco ante la juez, Martín Blas cumplió con su “amenaza”: “Probablemente porque la cantidad de dinero depositada en el banco les pareció insuficiente por los indicios que pudieran tener de la operativa bancaria que los Pujol hubieran podido llevar a cabo durante décadas en Andorra” los hechos derivaron con la nota del FinCEN construida a partir de información “errónea, parcial o incompleta”.