Un asesor de Mercasa pidió cobrar sus comisiones en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes

El representante de la empresa pública Mercasa en Chile solicitó cobrar en una cuenta de Tórtola, en el paraíso fiscal de las Islas Virgenes, una comisión de hasta el 5% del importe de los contratos en los que intervenía, según los correos electrónicos que han sido entregados al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de Chile adjudicó el 5 de noviembre de 2013 a la empresa pública española Mercasa (que depende del Ministerio de Agricultura y la SEPI) un contrato 26.171.433 pesos chilenos para promocionar el consumo de recursos hidrobiológico entre los niños.

Mercasa había contratado en aquel país a un agente local, Gonzalo Febrer Pacho, para gestionar sus relaciones con el Gobierno chileno. En un principio, Febrer tenía asignada una remuneración de tan sólo 500 euros al mes. Pero en mayo de 2013 Mercasa mejoró sus condiciones y acordó pagarle una comisión variable, de entre el 1,5% y el 5% del importe de los contratos en los que interviniera, como responsable de promoción comercial internacional en aquel país.

Tras obtener el contrato de la Subsecretaría de Pesca, Gonzalo Febrer dirigió un correo electrónico a la entonces jefa de la asesoría jurídica de Mercasa, en el que solicitaba que se le abonara sus comisiones a través de una sociedad denominada Tring Services Chile Limitada.

«Es totalmente inapropiado»

El email enviado el 12 de diciembre de 2013 indicaba literalmente lo siguiente: «Por otra parte, y como habíamos convenido, te adjunto escritura de constitución de la sociedad Tring Services Chile Limitada y poder de administración de la sociedad y uso de la razón social. La sociedad está domiciliada en Avda. Alonso de Córdoba 5710 oficina 202, la misma que arrienda la oficina a Mercasa. Si no hay problema para vosotros, esta sería la sociedad que facturaría por el arriendo de oficina y mi representación. Al respecto, quedo a tu disposición para cualquier información adicional».

Según un informe pericial que ha sido entregado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, la mencionada sociedad Tring Services Chile Limitada fue constituida el día 4 de junio de 1996, con sede en Chera Waterfront Drive, Road Town, Tortola, en las Islas Vírgenes Británicas, que operan como un paraíso fiscal.

En principio, parece que la propuesta de Gonzalo Febrer no salió adelante. Tras tener conocimiento de ella, el adjunto a la dirección de Mercasa, Luis Hermosilla, remitió un correo electrónico al presidente de la empresa pública, Eduardo Ameijide, a la abogada del Estado María Jesús Prieto y a la asesoría jurídica, en el que advertía de los riesgos de esta operación.

«Acabo de leer este correo que no me había entrado anteriormente», indicó Hermosilla en su mensaje el 15 de diciembre de 2013, «no sabía absolutamente nada que Febrer quiere facturarnos a través de una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas. Paraíso Fiscal. Considero totalmente inapropiado aceptar ese cambio. Somos una empresa publica. Y aunque legal no es éticamente correcto. Tener un contrato de representación con una sociedad de un paraíso fiscal. Si esto depende de mí, mi respuesta es No. Nuestros clientes son la Administracion y no es trasparente esa sociedad. Y hay un cambio de gobierno mañana”.

Parece que la advertencia surtió efecto, ya que los auditores que han elaborado el dictamen no han encontrado evidencias de que el agente de Mercasa en Chile llegara a cobrar sus comisiones a través de la sociedad de las Islas Vírgenes.

El informe ha sido entregado al juez José de la Mata por la abogada del Estado y ex secretaria general de Mercasa Macarena Olona. El actual presidente socialista de la empresa pública, José Ramón Sempere, intentó impedir que Olona depositara estas pruebas ante la Audiencia Nacional, destituyéndola como secretaria general en una maratoniana sesión del consejo de administración que se prolongó durante casi seis horas.

El informe sí señala numerosas irregularidades en los contratos adjudicados a Mercasa en Panamá, Argentina, Senegal El Salvador y Angola, donde la empresa pública pagó comisiones por valor de 20 millones de euros al mercenario portugués Guilherme Taveira Pinto, que permanece huido de la Justicia.

El juez De la Mata investiga si una parte de los 20 millones acabó en manos del entonces presidente de Angola Eduardo Dos Santos. En la causa están imputados varios ex directivos de Mercasa, como el ex presidente Eduardo Ameijide, Pablo González (hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González), la abogada del Estado María Jesús Prieto y Álvaro Curiel, que hoy ocupa un puesto directivo en Mercamadrid, la empresa mixta controlada por el PSOE y Podemos.