Ábalos no ejecutó por miedo el contrato firmado con Aldama tras estallar el escándalo de las mascarillas

El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, no llegó a materializar su contrato de opción a compra del piso en la Castellana con el empresario Víctor de Aldama -que le habría reportado un beneficio de 1,9 millones de euros-, al estallar el escándalo de corrupción relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia.

El contrato, firmado el 24 de abril de 2019 cuando Ábalos era ministro y hombre fuerte del Gobierno de Pedro Sánchez, establecía un acuerdo de arrendamiento con opción de compra sobre un piso de 250 metros cuadrados en el prestigioso Edificio Feygon II del Paseo de la Castellana en Madrid.

Según los términos del acuerdo, Ábalos debía pagar un alquiler mensual de 2.500 euros durante cinco años, con una opción de compra posterior por 750.000 euros. El valor real de mercado del inmueble se estima en 2,5 millones de euros, lo que habría supuesto una diferencia de 1,9 millones a favor del ex ministro.

La fecha para ejercer la opción de compra llegó el pasado mes de febrero, pero Ábalos no pudo ejecutarla al encontrarse ya inmerso en la investigación sobre presuntas comisiones ilegales en la compra de material sanitario. El caso, que ha llevado a Aldama a declarar voluntariamente ante la Audiencia Nacional, incluye acusaciones sobre el pago de 250.000 euros en comisiones al ex ministro por contratos de mascarillas valorados en 53 millones de euros.

Aldama ha asegurado en un escrito ante el Tribunal Supremo (TS) que se llegó a concertar el 24 de abril de 2019 una especie de contrato fiduciario que reflejaba un alquiler con opción a compra y que expiraba el 14 de febrero de 2024, misma operativa que sostiene que se siguió en relación con la compra en la provincia de Cádiz del chalet adquirido por la sociedad Have Got Time y que Ábalos habría disfrutado en vacaciones.

«Ábalos no tenía capacidad financiera para afrontar la compra del inmueble sito en Paseo de Castellana número 164, valorado entonces en aproximadamente 1,9 millones de euros antes de su reforma», por lo que este contrato le permitía «asegurarse el cobro de las comisiones futuras» y, «una vez abonadas, el contrato quedaba sin eficacia, no llegando a ejecutarse una vez el compromiso se había hecho efectivo», ha expuesto.

En este sentido, aclara que «el inmueble nunca fue ocupado por Ábalos». «De hecho, se encontraban realizándose obras de reforma que impedían su ocupación y, obviamente, no se pagó renta alguna, al tratarse de un mero contrato de fiducia», señala el empresario.

El próximo 12 de diciembre, Ábalos deberá comparecer como investigado ante el Tribunal Supremo, donde el juez Leopoldo Puente examina estas presuntas irregularidades. El ex ministro ya ha confirmado su intención de declarar voluntariamente ante el Alto Tribunal.