El Supremo de Venezuela propone a la Constituyente elevar la pena de traición de 30 a más de 50 años

El presidente del máximo tribunal venezolano, Maikel Moreno, propuso este martes elevar la pena máxima a delitos como traición a la patria y terrorismo de 30 a «más de 50 años». Nada halagüeño teniendo en cuenta la arbitrariedad de la administración de Justicia en una dictadura totalitaria como la de Nicolás Maduro.

En un discurso ante la poderosa Asamblea Constituyente, que redacta la nueva Constitución, Moreno propuso una «revisión exhaustiva» de la legislación penal.

«Las penas de los delitos graves, que más daño le hacen a la sociedad venezolana, nos parece que no corresponden a la magnitud del daño causado, como es el delito de homicidio, el secuestro, traición a la patria, terrorismo y el delito de robo. Creo, en mi humilde opinión, que deben cumplir más de 50 años», sostuvo.

Entre aplausos de los miembros de la Constituyente que rige el país con poderes absolutos, Moreno añadió que es preciso y tarea de los asambleístas «que se revise el tope constitucional de 30 años».

La Constitución de 1999, impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez, contempla que «no habrá condenas a penas perpetuas o infamantes» y que «las penas privativas de la libertad no excederán de 30 años».

El tirano Nicolás Maduro suele acusar a sus adversarios de traición a la patria y terrorismo, especialmente por la violencia desatada —por sus propias fuerzas de seguridad y los colectivos motorizados afectos al régimen— durante protestas en su contra que dejaron 125 muertos y miles de detenidos en los últimos cuatro meses.

«Evidente intencionalidad política»

Para Gonzalo Himiob, abogado penalista y miembro de la ONG Foro Penal, la propuesta de Moreno tiene una «evidente intencionalidad política para hacer ver que quienes atentan contra los poderes instituidos son los criminales más peligrosos».

Unas 400 personas detenidas en la reciente ola de manifestaciones están siendo procesadas por tribunales militares.

Himiob explicó a la AFP que en la Justicia civil se imputan por general delitos como instigación a la desobediencia de las leyes y resistencia a la autoridad; pero en la militar las cargos van más hacia la traición a la patria y la rebelión militar.

La Constituyente, electa entre denuncias de fraude electoral y con un casi unánime rechazo internacional, decidió también este martes trasladar todos los procesos militares a la Justicia ordinaria.

Moreno formalizó además su subordinación ante la Constituyente, que por unanimidad lo ratificó en el cargo. Maduro y la jefa del poder electoral hicieron lo propio.