La ONU y Humans Right Watch denuncian «riesgos» y «ambigüedades» en el proceso con las FARC

El desafío que afronta Juan Manuel Santos para que su acuerdo con las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) salga adelante ya no tiene en contra sólo a la mitad de la sociedad colombiana, sino a la prestigiosa ONG pro derechos Humanos Humans Right Watch (HRW) y al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH).

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, ha expresado su preocupación por las «ambigüedades» en el borrador de la Ley de Amnistía de Colombia acerca de la exclusión de ciertos crímenes internacionales. Al tiempo, Todd Howland, representante del ACNUDH en Colombia, ha insistido en que tiene «miedo» de que el proceso descarrile porque «hay muchos riesgos de que no se atiendan a las soluciones prácticas» a causa la división política que impera en el país.

Howland ya expresó sus «dudas» a finales de noviembre y advirtió a los colombianos de que “este proceso de paz con las FARC se puede decir que ya está mal implementado, pues ya hay impacto negativos en la situación de derechos humanos”.

Vivanco ha enviado una carta a los medios de comunicación colombianos en la que señala punto por punto las inquietudes que genera a la ONG la Ley de Amnistía que debate el Congreso como parte del acuerdo de paz entre el Gobierno de Santos y los narcoterroristas de las FARC.

En la misiva, Vivanco muestra especial preocupación porque «no parece contener las garantías básicas necesarias para asegurar que los criminales de guerra no puedan eludir la Justicia» y, por el contrario, contiene «ambigüedades» que podrían facilitarlo.

A este respecto, ha indicado que el proyecto de ley usa la expresión «graves crímenes de guerra» para excluir de cualquier amnistía los crímenes que caen bajo la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI), si bien parece establecer un baremo de gravedad por el cual los crímenes ‘menores’ podrían quedar impunes.

Vivanco ha apuntado igualmente que la Ley de Amnistía menciona conductas excluidas de su aplicación que, sin embargo, no figuran como delitos en el derecho penal colombiano, lo cual podría dar lugar a lagunas jurídicas que favorezcan nuevamente la impunidad.

Esa palabra concertamente, «impunidad», es la que más pronuncian los partidarios del NO, ganadores del plebiscito del pasado 2 de octubre que rechazó el primer texto sellado por las FARC y el Gobierno. «Es precisamente la inexistencia de un plan B a la derrota en votación popular», señala Howland en una entrevista con la revista Semana, lo que está poniendo en riesgo que se llegue a una paz efectiva.

Colombia lleva más de 52 años sufriendo la insurrección armada y asesina de un grupo terrorista fundado teóricamente como un movimiento de corte marxista y con ideales en favor de los desfavorecidos, pero que en realidad ha tornado en una especie de miniestado dentro del Estado, que controla enormes extensiones de terreno en las que practican la minería ilegal y el narcotráfico. Las FARC son, de hecho, el mayor cartel mundial de la cocaína y sus ingresos por este negocio ilícito superan con mucho las decenas de miles de millones de dólares al año. Además, en su proceder criminal, las FARC han provocado el desplazamiento de al menos ocho millones de colombianos de sus lugares de residencia, el asesinato de más de 230.000 personas, la extorsión y el secuestro de otros miles y la desaparición de un número no menor de 65.000 personas.

Vivanco también pide que se clarifique el concepto de participación «determinante» en los crímenes de los terroristas «para garantizar que no se confieran amnistías a combatientes de la guerrilla que tienen una grave responsabilidad penal».

El dirigente de HRW para las Américas también ha criticado el tratamiento especial que se le dará a los agentes del Estado responsables de los crímenes cometidos durante la guerra y en este sentido ha reclamado al Gobierno que no ceda ante «presiones militares».

El jefe regional de HRW ha cargado, en concreto, contra las declaraciones del fiscal general, Humberto Martínez, que ha prometido someter a la justicia transicional «a todos los agentes que hayan cometido delitos dentro de los llamados ‘falsos positivos’».

«Pareciera que está ignorando su deber de garantizar el avance de las etapas procesales previstas en la legislación ordinaria para la investigación penal de agentes del Estado responsables de atrocidades, lo cual […] representaría una virtual denegación de justicia para las víctimas», ha advertido.

Vivanco también ha planteado dudas sobre el régimen de libertad condicional que se les concederá a los guerrilleros y agentes del Estado que salgan de prisión por virtud de esta Ley de Amnistía, por las condiciones de vigilancia y porque «no establece de forma clara que será revocada si el acusado comete nuevos delitos».