La ejecución del campeón olímpico iraní de lucha Navid Afkari impacta a la comunidad internacional

La agencia oficial de noticias IRNA ha anunciado que el campeón olímpico de lucha iraní fue ahorcado en la ciudad de Shirz (sur de Irán) cumpliendo con la sentencia que le condenaba a muerte por haber asesinado a un agente de inteligencia durante unas protestas en 2018.

Afkari, de 27 años, fue detenido junto a sus dos hermanos en agosto de 2018 durante unas manifestaciones en la ciudad meridional de Shiraz. La familia protestaba, junto a miles de manifestantes, por la mala situación económica en Irán y la devaluación de la moneda nacional.

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha mostrado su «conmoción» tras conocer la ejecución de Afkari. A través de un comunicado el COI ha manifestado que «es profundamente perturbador que las súplicas de los atletas de todo el mundo no hayan logrado el objetivo» de mantener con vida a Afkari.

Y es que no sólo ‘los atletas de todo el mundo’ habían pedido la paralización de su ejecución. El mismísimo Donald Trump publicó un mensaje en Twitter diciendo que “apreciaría mucho si salvaran la vida de este joven y no le ejecutaran». El secretario de Estado, Mike Pompeo, también ha calificado la ejecución como “un acto vicioso y cruel”.

Por otro lado, la oficina de la diplomacia de la Unión Europea ha condenado «en los términos más fuertes» la ejecución del ciudadano iraní. En un comunicado han recordado que los Derechos Humanos son una parte esencial en las relaciones entre Irán y el bloque europeo. La oficina ha recalcado que seguirá abordando estos casos en sus contactos con Teherán.

Traslados arbitrarios y desapariciones

Hace unas semanas se publicó un vídeo en el que el boxeador confesaba haber apuñalado a un agente de seguridad. Tras la condena a muerte de Afkari y los temores de que la confesión fuera extraída bajo tortura el caso se hizo viral en Twitter con la etiqueta “#DontKillNavidAfkari”, esfuerzos que no han servido de nada.

Amnistía Internacional denunciaba en un comunicado que “las autoridades iraníes tienen un largo historial de colaboración con la televisión estatal para producir y difundir declaraciones coaccionadas obtenidas de víctimas de violaciones de los derechos humanos sometidas a tortura y otros malos tratos”.

El 3 de septiembre de 2020, Navid Afkari fue trasladado del pabellón general por las autoridades penitenciarias a un lugar no revelado. El traslado se produjo después de que una grabación de voz de Navid Afkari pidiendo ayuda a la comunidad internacional se difundiera en los medios sociales, provocando una protesta mundial.

El condenado hizo una breve llamada telefónica a su familia el 6 de septiembre y pudo decir que estaba recluido en un ala de la prisión de Adelabad, en la ciudad de Shiraz, que cuenta con alta seguridad y duras condiciones, antes de que se cortara la llamada.

Sus hermanos Vahid Afkari y Habib Afkari fueron condenados a 56 y a 24 años de prisión respectivamente, y a 74 latigazos cada uno, en relación con el mismo asesinato y los delitos de «seguridad nacional» relacionados con las protestas nacionales que tuvieron lugar en agosto de 2018.

La pena de muerte sigue vigente

Los países que siguen utilizando la pena de muerte dentro de sus tribunales son Estados Unidos, Rusia, Bahréin, Corea del Norte, Bielorrusia, los estados del Caribe, Guinea Ecuatorial, Jordania, Kuwait, Malasia, Pakistán, China, India, Indonesia, Irán, Japón, Singapur, Egipto, Etiopía, Siria, Libia, Sudán, Irak, Somalia, Uganda, Vietnam, Yemen Bangladés, Botsuana y Arabia Saudí.

Muchos de estos Estados hace tiempo que no ejecutan una orden de pena de muerte. Según datos de Amnistía Internacional, en 2019, la mayoría de las ejecuciones de las que se tuvo noticia se produjeron en China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Egipto, por ese orden.

China sigue siendo el mayor ejecutor del mundo, aunque se desconoce la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país, ya que los datos correspondientes están clasificados como secreto de Estado. Excluyendo a China, el 86% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en tan sólo cuatro países: Arabia Saudí, Egipto, Irak e Irán.

Poco a poco las cifras disminuyen, Amnistía Internacional registró 2.307 condenas a muerte nuevas en 56 países en 2019, lo que supuso un ligero descenso con respecto a las 2.531 de 2018.

Amnistía Internacional sostiene que la pena de muerte constituye una violación de derechos humanos y, en particular, del derecho a la vida y del derecho a no sufrir tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Estos dos derechos están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948 por las Naciones Unidas.