La Contraloría General de Venezuela se atreve a investigar a varios ministros de Maduro

Una de las pocas instituciones con capacidad real para investigar al poder político en Venezuela es la Contraloría General de la República, equivalente al Defensor del Pueblo en España. Creada en 1938, adquirió rango constitucional en 1947 y ahora, en pleno caos de la dictadura de Maduro, está investigando a varios de sus ministros. Así lo ha anunciado este jueves el contralor general, Manuel Galindo, que ha revelado esos titulares de departamentos del chavismo están siendo investigados por su gestión, si bien no ha querido revelar los posibles cargos.

Ésa es quizá una de las pruebas de su poder, y de su capacidad dentro de una dictadura con forma de democracia, pero en la que la división de poderes está absolutamente desdibujada, ya que los jueces son nombrados a dedo por el Ejecutivo, y el poder omnímodo de Maduro ningunea y desoye las leyes que aprueba la Asamblea de la República (Congreso), que desde el 6 de diciembre controla con mayoría cualificada la oposición democrática.

La Contraloría ha sido recientemente acusada de prácticas de nepotismo, tras un reportaje publicado por el portal Runrun.es en el que se detallaba la contratación de 13 familiares del actual titular (hasta el año 2022) de la institución. Galindo sólo ha sabido responder a eso que «no es lo mismo nepotismo positivo que negativo», asegurando que sus familiares contratados «reúnen las condiciones para el puesto».

Precisamente en la misma semana, Galindo ha respondido con estas declaraciones: «Cualquier ministro o diputado puede ser objeto de investigación sobre su gestión. Sin embargo, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario», ha dicho en una entrevista concedida a la cadena venezolana Globovisión.

La oposición y dos ex ministros ‘chavistas’ han denunciado que en la última década se malversaron unos 300.000 millones de dólares a través de importaciones ficticias y sobreprecios.

Venezuela está considerado uno de los países más corruptos del mundo, ocupa el puesto 158 de los 168 controlados por la ONG Transparencia Internacional, una organización que elabora anualmente el informe de referencia global sobre este aspecto. Su puesto es el último entre todos los de Latinoamérica, con una puntuación de 17 sobre 100. Según este informe, el 86% de los venezolanos cree que la corrupción ha crecido en su país y el 65% opina que las políticas de su Gobierno son «inefectivas» a este respecto.

Precisamente, Maduro anunció un plan nacional para compatir la corrupción en 2014, con la creación de una Agencia de Seguridad Específica, aunque desde ese anuncio nada se ha vuelto a saber sobre su creación, su presupuesto o sus actividades.

El contralor Galindo, en todo caso, ha rehusado contar de qué ministros se trata –»no se puede sacar a la luz pública las denuncias que estamos investigando»– y ha subrayado que, de momento, se han limitado a «solicitar información muy genérica» que se irá detallando según avancen las pesquisas.