Cerca de 300 civiles han sido procesados por tribunales militares en Venezuela

Un total de 275 civiles han sido procesados por tribunales militares en Venezuela, en muchos casos con graves violaciones procesales y de los Derechos Humanos, incluidas torturas, como parte de la represión gubernamental de las protestas contra el presidente, Nicolás Maduro, según han denunciado las ONG Human Rights Watch (HRW) y Foro Penal, que han recordado que tanto las leyes venezolanas como las normas internacionales prohíben expresamente que la justicia castrense asuma casos civiles.

Las organizaciones humanitarias, que han estado en contacto con los detenidos y sus familias y abogados, han detallado que, de los 275 casos, 192 fueron procesados en el estado venezolano de Carabobo, 20 en Zulia, 19 en Falcón, 18 en Caracas, 13 en Lara, diez en Sucre, dos en Barinas y uno en Táchira. Además, «159 de ellos permanecían privados de libertad a fecha de 12 de mayo».

«A pesar de que no existe ningún registro público sobre estos procedimientos, lo cual constituye un problema en sí mismo», las ONG han podido confirmar -por los propios presos, familiares y abogados  – que «los detenidos son trasladados a prisiones militares, cárceles de máxima seguridad o instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)».

«Los jueces aceptan la imputación de los fiscales»

De acuerdo con HRW y Foro Penal, las audiencias se celebran en tribunales u otras instancias militares, están dirigidas por jueces y fiscales que dependen del Ministerio de Defensa y «a veces» se llevan a cabo en presencia de personal armado.

«Los jueces aceptan la imputación hecha por fiscales contra grupos de detenidos, sin ninguna individualización de las conductas ni consideración de la evidencia contra cada uno», tratándose en muchos casos de «graves delitos previstos en el Código Militar, como los de rebelión y traición, por supuestos actos de violencia cometidos durante las protestas».

Además, dado que «no se fija una hora para las audiencias con antelación», los abogados apenas tienen tiempo de hablar con sus representados antes de las mismas y tienen acceso a su expediente penal cuando ya han comenzado, sin que puedan sacar copias de estos documentos. En ciertas ocasiones, afirman las ONG, ni siquiera se les permite participar en la vista judicial.