En Brasil ahora investigan al fiscal general que se encarga del caso Petrobras

La crisis institucional en Brasil es el cuento de nunca acabar. Si había dudas más que razonables con los políticos, ahora las hay con quienes los investigan, y la sociedad ya no sabe a qué carta quedarse ni si puede fiarse de alguien. Si hace poco más de un mes la presidenta Dilma Rousseff fue sometida a un juicio político por el que ha sido destituida de manera provisional, ahora es el fiscal general que investiga el caso Petrobras –uno de los asuntos por los que está siendo investigada Rousseff– el que está en el punto de mira. El presidente del Senado brasileño, Renan Calheiros, decidirá este miércoles sobre la petición de destitución contra el fiscal general que investiga la esfera política del escándalo de corrupción en Petrobras.

Mientras el impeachment contra Dilma Rousseff todavía está en desarrollo, Calheiros deberá resolver si acoge otra denuncia explosiva: la demanda para remover al procurador de la República Rodrigo Janot, figura central de la causa que busca dilucidar el megafraude.

Será usada «la misma ley del proceso de impeachment de la presidenta de la República suspendida, Dilma Rousseff. La única diferencia es que el proceso de destitución del procurador se llevará sólo en el Senado» y no en ambas cámaras, reveló la asesoría de prensa de la presidencia del Senado a la AFP.

El pedido fue presentado por dos abogadas la semana pasada, que consideran que Janot trató más benévolamente a Rousseff y al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) que a sus rivales políticos actualmente en el poder.

El presidente del Senado, también investigado

Primero en la línea de sucesión presidencial, Calheiros también es investigado por la red de sobornos que parasitó a la petrolera estatal y su voz apareció criticando a Janot en un audio grabado secretamente por un arrepentido del caso, junto con otros políticos que supuestamente intentaban interferir en la investigación.

Janot pidió a la corte suprema la detención de Calheiros, del ex ministro de Planificación Romero Jucá y del ex presidente José Sarney (1985-1990).

La solicitud fue denegada, pero sirvió como argumento del pedido de impeachment, que sostiene que esa severidad distó mucho de la mostrada en marzo, cuando fue revelada otra grabación secreta en la que Rousseff le decía a Lula que le enviaría el decreto de su designación como nuevo jefe de Gabinete para que pueda «usarlo en caso de necesidad».

La frase fue interpretada como una maniobra para dotarlo de fueros y escapar a la Justicia ordinaria, que investiga si se benefició de la corrupción en Petrobras.

«Es causa de este pedido de impeachment la diferencia de tratamiento dada a situaciones, como mínimo análogas, y probablemente más graves, pues contaron con actos que efectivamente se concretaron en el intento de obstruir y hasta eludir la persecución penal», dice el texto que será respondido en 48 horas.