Ximo Puig exige a los comercios respeto a su ley de «verdad» histórica para recibir subvenciones

No haber sido sancionado por incumplimiento de la ley de ‘memoria democrática y para la convivencia’ es uno de los requisitos para acceder a las subvenciones del gobierno de la Generalitat Valenciana a las pequeñas y medianas empresas.

La Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo ha convocado las ayudas en materia de comercio, consumo y artesanía para el ejercicio 2019. Podrán ser beneficiarias las empresas calificadas como pymes que ejerzan o hayan ejercido la actividad comercial a la Comunidad Valenciana.

Con dos líneas de financiación. La primera, ‘Emprendemos Comercio’, para gastos corrientes derivados del mantenimiento de un establecimiento comercial con nueva titularidad o de la implantación de una actividad comercial en un local donde, con anterioridad, se haya ejercido actividad económica.

La segunda, ‘Avalemos Comercio’, para inversiones en equipamiento para el establecimiento comercial y la implantación de la venta en línea segura o la integración de esta en una plataforma en línea de comercio electrónico.

Pero la convocatoria escondía una sorpresa. Tanto para acceder a las ayudas de una u otra, las empresas aspirantes habrán debido cumplir los requisitos habituales de cualquier sociedad que aspira a una subvención pública (estar legalmente constituidas, estar al corriente de las obligaciones tributarias, no ser deudora por reintegro de subvenciones…), pero además uno nuevo: no haber sido sancionada por resolución administrativa firme conforme a lo establecido en la Ley de memoria democrática y para la convivencia de la Comunidad Valenciana.

Este nuevo requisito ha sido criticado por muchos de los comercios y pymes aspirantes a las ayudas públicas ya que, afirman, se están mezclando cuestiones que no mantienen relación alguna “dado que, por esa regla de tres, también podría exigirse como requisito cualquier otra ley ideológica de tantas como proliferan ahora”.

De tal forma que, mientras la ley que fija la “verdad” histórica del franquismo es una condición que debe respetarse para acceder a las ayudas al comercio, no existe ningún requisito específico sobre la necesidad, por ejemplo, de respetar la paridad en el proyecto subvencionado.

Las empresas que han optado a la subvención han tenido que presentar un «protocolo de actuación, vigente, contra la discriminación y el acoso moral, contra el acoso sexual y por razón de sexo y para la promoción de la igualdad efectiva de mujeres y hombres».