Vox pide al Parlament una declaración de condena por los actos violentos contra sus carpas en Sant Jordi

Vox ha reaccionado a los ataques de terrorismo callejero sufridos por simpatizantes del partido y diputados del Parlament de Cataluña, en varias localidades de la región, durante la festividad de Sant Jordi. Joan Garriga, portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en Cataluña, y Sergio Macián, portavoz adjunto, han propuesto que el Parlamento haga una declaración institucional denunciando los hechos acontecidos en Mataró, Barcelona, Cambrils o Sabadell.

En la propuesta, Vox destaca que durante la celebración de Sant Jordi «la libertad política y la convivencia en Cataluña han vuelto a ser víctimas de la intolerancia», debido a los ataques en diversas localidades como Barcelona, Sabadell, Mataró y Cambrils. En estas localidades, las carpas informativas de Vox fueron objeto de «una oleada de violencia organizada y ataques coordinados por parte de grupos de la extrema izquierda y el separatismo», tal y como se puede leer en el escrito de la formación verde.

«Estos actos no se limitaron a la coacción verbal; se produjeron escraches y agresiones físicas directas contra diputados de este Parlament, concejales, afiliados y simpatizantes que simplemente ejercían su derecho a participar de esta fiesta tan querida en Cataluña, ante la pasividad de quienes deberían velar por la seguridad de todos», explican en la propuesta de declaración institucional en el Parlament, que para producirse, debe ser apoyada por todos los grupos parlamentarios.

Vox denuncia que la violencia en este tipo de actos, contra carpas, militantes y simpatizantes del partido, «no surge de la nada». «Lo que se dice en la sede parlamentaria tiene consecuencias directas en las calles. Durante los recientes Plenos del Parlament, diputados de la CUP, específicamente Daniel Cornellà y Xavier Pellicer, lanzaron consignas que llamaban a la violencia contra Vox. Hoy, sus correas de transmisión en las calles han ejecutado esas amenazas», han lamentado.

Además, señalan que «la responsabilidad política de estos hechos recae directamente» sobre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consejera de Interior, Núria Parlon. «Al no garantizar, como es su obligación, el ejercicio de las libertades políticas con los medios necesarios, han permitido que se intimide y golpee a ciudadanos por sus ideas», aseguran.