Los vídeos demuestran que Sánchez y Cuixart hablaron el 20-S en nombre de PdCat, ERC y CUP

‘Los Jordis’ se enfrentan al juicio del ‘procés’ como un todo indivisible. El primero de los vídeos que proyecta la Sala del Tribunal Supremo, a petición de la Fiscalía, lo acredita. Ambos, subidos sobre el capó de uno de los coches de la Guardia Civil y arengando a la muchedumbre enfervorecida que se dio cita, el 20 de septiembre de 2017, frente a la Consejería de Economía de la Generalitat. Por su aspecto físico y dependiendo del ángulo desde el que se vea la escena, miméticos. Estatura aproximada, mismo tipo de vestimenta, barba espesa. Confluyen en el mensaje reivindicativo y de protesta. Ambos, rebeldes contra la actuación de la policía judicial ordenada por un tribunal, emplean un tono apasionado que se aleja del mensaje de fondo y sus raquíticos -y estériles- intentos por desconvocar aquel asedio multitudinario.

Los concentrados les aclaman y les aplauden. Son una clara referencia para todos ellos y, sin duda, no el resultado casual de una movilización espontánea y apolítica. Una de las frases clave para la acusación la pronuncian durante el visionado de este primer documento videográfico. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart hablaron en nombre del «PDCat, ERC y la CUP» utilizando como atalaya los vehículos oficiales.

Ambos líderes de Asamblea Nacional Catalana -ANC- y Ómnium Cultural, respectivamente -acusados por rebelión y para los que el Ministerio Público solicita 17 años de cárcel- daban por finalizado aquel despropósito en que se convirtió el 20-S, bien entrada la noche, mientras llamaban de viva voz a los asistentes a reeditar la protesta, al día siguiente, frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). «Desde este altar majestuoso os convocamos a todos a una movilización permanente por los detenidos, no pararemos hasta que estén en libertad», se escucha a Cuixart en un momento. La respuesta no se hace esperar. Gritos de ‘votarem’, ‘libertad’ y ‘prensa española manipuladora’ forman parte del catálogo de lemas que corean los concentrados.

Ni a Sánchez ni a Cuixart les gustaba aquella idea de la actuación policial a instancia judicial. Era una clara provocación del Estado español y para dejar clara su disconformidad, pisotearon a discreción el techo de aquel todoterreno que en aquel instante, simbólicamente, lo representaba. De nada sirven sus explicaciones sobre el mensaje de serenidad y la petición de calma. Primero, porque cuando uno saca a la gente a la calle, volver a meterla dentro es misión imposible. Segundo, porque encaja poco como argumento exculpatorio la idea de que alguien que agrede a otro alegue -por ejemplo- que mientras lo hacía le dedicaba piropos.

«Desde este altar majestuoso…» en que convirtieron a los maltrechos vehículos de la Guardia Civil, Sánchez y Cuixart arengaron el 20-S «a la movilización constante» 

La Fiscalía sostiene la rebelión y por lo tanto la violencia. Así que aquella conquista del material del Instituto Armado es una de sus bazas fundamentales para acreditarla. Se trataba de una intimidación y amenaza implícitas. La violencia no tiene que ser expresa. El tipo legal requiere que sea la necesaria -y suficiente- para crear el clima previo a la declaración unilateral de independencia, que se proclamó, y como consecuencia directa de ésta.

Tampoco les ayuda en absoluto -ni al resto de acusados- el hecho de que en múltiples imágenes se vea, sin filtros ni matices, cómo aquel referéndum ilegal convocado, el 1-O, por el  Govern de la Generalitat, puso en riesgo físico a los agentes que actuaron para impedirlo. Centenares de personas tratando de sustraer a los detenidos de la comitiva judicial o de evitar sus traslados bloqueando, y golpeando, los coches policiales mientras empujan a los agentes que los custodian. Vídeos grabados frente a diversos colegios, el 1 de octubre de 2017, que vomitan las imágenes recurrentes de grupos de personas coordinadas impidiendo la entrada de los efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional al grito de ‘som gent de pau’ y ‘volem votar’, para acto seguido proferir contra ellos todo tipo de insultos. Resistencia pacífica, o no, la realidad es que obstaculizaron el acceso a los centros de votación, a una autoridad policial, que intervenía por orden judicial.

Esa idea perenne de los procesados independentistas y sus defensas de que la sociedad civil fue la que articuló sin más todo lo ocurrido en Cataluña, durante los días de autos, se diluye cada minuto que avanzan los vídeos. Más de 40.000 personas el 20-S y toda la «guerrilla» activada después, desde las plataformas separatistas que lideraban Sánchez y Cuixart, cargan a sus espaldas. Más allá de la protesta legítima convirtieron sus ansias de activismo en un delito. Así lo cree la Fiscalía y así lo trata de acreditar.