Las víctimas del coronavirus se organizan para exigir indemnizaciones colectivas al Gobierno

Las víctimas del coronavirus preparan una demanda colectiva contra el Gobierno para exigirle responsabilidades por su «deficiente actuación» durante la crisis sanitaria. La Asociación de Afectados por el COVID-19 exigirá al Ejecutivo que indemnice a los perjudicados tras contagiarse «injustificadamente», puesto «que se les ha enviado a luchar la guerra contra el virus sin armas» -en el caso del personal sanitario- y hay miles de familias «que han perdido a sus seres queridos, en condiciones muy dudosas por la ausencia de información y medios técnicos, profilácticos y materiales».

La plataforma, creada el pasado día 27 de marzo, recopila pruebas antes de iniciar las acciones legales necesarias para que los poderes públicos asuman sus responsabilidades, tanto civiles como penales, frente a «todas aquellas personas y colectivos que se han visto directamente perjudicados por la enfermedad y sus consecuencias, como resultado de la gestión del Gobierno, tanto a nivel de prevención, como de contención y adopción de las medidas adecuadas para hacer frente a la expansión y paliar, en su caso, las consecuencias de la misma», confirman sus asesores jurídicos a OKDIARIO.

Y añaden: «En estos momentos parece ya bastante evidente y resulta público y notorio, que el Gobierno ha reaccionado tarde y mal ante la existencia y expansión de la epidemia del coronavirus».

«Nadie puede negar que por parte del Ejecutivo central, se nos pretendía mostrar una imagen de completa normalidad, y sensación de entera inexistencia de riesgo de contagio y de gravedad de la enfermedad, cuando ya meses y semanas antes se estaban emitiendo por parte de otros países afectados mensajes y alertas claras», subrayan los abogados que se encargarán de representar a la plataforma de afectados ante los tribunales.

Informes de riesgo 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó, el 28 de febrero, el riesgo de expansión global del coronavirus de alto a muy alto y el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades había desaconsejado en varias comunicaciones, desde el 2 de marzo, la celebración de actos multitudinarios.

Sin embargo, el Gobierno hizo que «pasásemos de un escenario de completa normalidad en el que se daba a entender que estábamos poco más que ante una gripe estacional, alentando incluso a participar en manifestaciones y actos multitudinarios (conciertos, mascletás, marchas del 8-M, …) a otra
bien distinta, en la que cinco días después se declaró el estado de alarma», subrayan desde la Asociación de Afectados por el COVID-19.

El estado de alarma trajo consigo «la limitación de nuestros movimientos y el confinamiento férreo en nuestros domicilios. Además de toda una batería de medidas, maniobras y protocolos que se han manifestado completamente insuficientes y erráticos hasta el punto de que la situación se ha tornado insostenible, fruto de la nefasta gestión de la crisis, agravando y multiplicando de manera incontrolada los contagios en sectores como el sanitario, las Fuerzas Armadas o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado».

Los letrados encargados de redactar las demandas de los afectados actuarán en consecuencia y si es necesario «caso por caso» para tratar de que el Gobierno asuma su «completa ausencia de previsión, falta de liderazgo y de efectividad y completa carencia de capacidad de reacción», resarciendo a todos los perjudicados, como mínimo, en términos económicos.

Las acciones que se están preparando «dependerán del colectivo o particular afectado» y se extenderán «desde querellas por prevaricación, lesiones imprudentes o delitos contra los derechos de los trabajadores», hasta reclamaciones «por incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales» y «responsabilidades civiles directas de la Administración por sus actuaciones u omisiones».

«Se trata de evitar que unos hechos como los sucedidos queden impunes», concluyen.