Crisis del coronavirus

Un catedrático y un notario crean una asociación contra las negligencias del Gobierno por el coronavirus

El manifiesto fundacional sostiene que hubo un "retraso en la toma de medidas por parte del Gobierno y una grave negligencia en la concesión de autorizaciones para celebrar eventos multitudinarios que favorecieron los contagios".

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Asociación Digital COVID 19

Un notario de Granada, ex inspector de Hacienda y corredor de comercio y un catedrático español, criminólogo, experto en medicina legal en la Universidad de Vancouver crean una asociación para exigir responsabilidades al Gobierno por su negligencia en la gestión de la pandemia del coronavirus. La Asociación Digital COVID-19 nace como una plataforma civil de ámbito nacional que dará voz a los ciudadanos, promoverá manifestaciones virtuales y estudia, en paralelo, acciones legales contra los responsables políticos «de esta gran crisis sanitaria» y de la «futura recesión económica de proporciones bíblicas» que llegará una vez superada la misma.

En el manifiesto fundacional, los miembros de la asociación sostienen que hubo un «retraso en la toma de medidas por parte del Gobierno y una grave negligencia en la concesión de autorizaciones para celebrar eventos multitudinarios que favorecieron los contagios«. En España «los efectos del Covid-19 están siendo aún más intensos que en otros muchos países, evolucionando la pandemia de forma galopante por la dejadez, inconsciencia y negligencia de nuestro Gobierno que a pesar de las advertencias y alarmas de los organismos internacionales (OMS) perdió un tiempo precioso para anticiparse al problema. Un tiempo que no se empleó en planificar la gestión eficaz de los medios personales y materiales disponibles ni de los recursos de nuestra Sanidad pública y privada», lamentan.

Los promotores de esta iniciativa aseguran que los datos de los que disponía el Gobierno y que no tuvo en cuenta cuando estaba a tiempo, «han producido unos estrangulamientos y cuellos de botellas en la oferta y provisión de los servicios públicos sanitarios«. Estrangulamientos que afectan al personal sanitario «que con una responsabilidad, profesionalidad, valentía y coraje estoico han dado a este país lo mejor de sí mismos y un ejemplo que perdurará para siempre en la conciencia ciudadana». Además, sostienen que la «ineficiencia y el desastre son solamente imputables al Gobierno y al Ministerio de Sanidad».

Al borde del colapso

La pandemia ha causado un «colapso en todos los hospitales españoles» que se traduce en «falta personal sanitario, falta el material necesario para que el personal pueda trabajar con seguridad para su salud y la de los españoles». Y todo ello coincide con un «desprecio a las iniciativas de donaciones por parte de entidades privadas y las incautaciones de material esencial para la protección de los profesionales con el consiguiente retraso en las entregas» necesarias para las distintas comunidades autónomas, sostienen los miembros de la Junta directiva de la asociación en su escritura de constitución.

En su opinión la incapacidad del Ministerio de Sanidad para crear «un centro único de compras» para el material sanitario, que inicialmente fue anunciado por el titular de la cartera, Salvador Illa, para rectificar más tarde, ante los retrasos y las críticas recibidos, ha impedido que España adquiera una posición de fuerza en el mercado «muy superior al de realizar los pedidos cada comunidad autónoma por su cuenta».

Estado de alarma

En relación con el estado de alarma decretado por el Gobierno, el manifiesto fundacional de la asociación denuncia que la actuación está siendo de «bloqueo y caos total».

El Ejecutivo se limita a convocar «ruedas de prensa vacuas y vacías de contenido y medidas concretas», en las que se producen «anuncios de compras de material que no llegan» y respuestas pactadas a preguntas pactadas con los medios de comunicación menos críticos con la gestión del Gobierno.

Por todo ello, la asociación que ya ha arrancado con su actividad en redes sociales y con una página web propia, estudia tomar medidas legales contra los máximos responsables políticos de la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus, y contará con la colaboración ciudadana para acumular los testimonios y las pruebas necesarias para llevar al Gobierno a los tribunales.

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