Una veintena de personas piden ser declaradas víctimas del terrorismo un año después del 17-A

Una veintena de personas han solicitado ser declaradas víctimas del terrorismo un año después de los atentados de Cataluña del 17 y el 18 de agosto de 2017.

Según varios documentos del sumario, a los que ha tenido acceso OKDIARIO, al menos 22 personas han declarado ante los Mossos d’Esquadra en los últimos dos meses tras el levantamiento del secreto sumarial para ser declaradas víctimas de los atentados yihadistas del 17-A.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha recibido numerosas diligencias preventivas iniciadas tras las declaraciones de estas personas «manifestando que se encontraba en la zona de Las Ramblas en la fecha en que sucedió el atropello masivo investigado en esta causa y que desde entonces, aunque no resultó herida físicamente sí que padece crisis de ansiedad y otros trastornos de carácter psicológico».

Dichas diligencias han sido remitidas a la Audiencia Nacional desde los Juzgados de Instrucción nº 1, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 25 de Barcelona, el Juzgado de Instrucción nº 5 de Vic, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Mataró, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Reus y el Juzgado de Instrucción nº 3 de El Pral de Llobregat.

De las 22 personas que solicitan ser declaradas víctimas del terrorismo en esta causa, sólo 1 ha presentado en sede judicial informes médicos que avalan esta solicitud. Por ello, el magistrado Andreu ha librado varios exhortos al Juzgado de Instrucción Decano de Barcelona, a fin de que estas personas sean reconocidas «por el Sr. Médico-Forense adscrito al mismo, con objeto de que informe si los trastornos psicológicos que refiere sufrir aquella son consecuencia de los hechos investigados en esta causa y en caso de ser así, se proceda a reconocerla hasta su total sanidad».

Según el artículo 4 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de «Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo» se considerará titulares de los derechos y prestaciones regulados en la presente Ley a «las personas fallecidas o que han sufrido daños físicos y/o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y que, a los efectos de la Ley, son consideradas como víctimas del terrorismo».

Esta Ley tiene por objeto «el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y el establecimiento de un marco de indemnizaciones, ayudas, prestaciones, garantías y condecoraciones con la finalidad de reconocer y atenuar, en la medida de lo posible, las consecuencias de la acción terrorista en las víctimas y en sus familias o en las personas que hayan sufrido daños como consecuencia de la acción terrorista».

Precisamente, el juez Andreu procesaba este miércoles a los tres terroristas yihadistas miembros de la célula que cometió los atentados de Cataluña. El magistrado procesaba a Mohamed Houli Chemlal y Driss Oukabir por integración en organización terrorista, delito de fabricación, tenencia y depósito de explosivos y delito de estragos en grado de tentativa. Respecto a Said Ben Iazza, el magistrado le procesaba por colaboración con organización terrorista.

68 víctimas reconocidas

El pasado mes de julio, el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska anunciaba que reconocería a las víctimas de los atentados del 17 de agosto en Cataluña que presentaran su solicitud fuera de plazo. Así se lo comunicó el ministro en una carta a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que había solicitado la ampliación del plazo legal, alegando que las víctimas se enfrentan con problemas burocráticos o bien desconocen los detalles del proceso.

En la misiva, Grande-Marlaska señalaba que en los posibles casos que excedan el año marcado por ley, se buscará una solución en la que “primen los derechos de los afectados por encima de los plazos legales”.

Hasta ese momento, el Ministerio ha contabilizado 68 personas reconocidas como víctimas de los atentados del 17-A en Cataluña, 14 de ellas fallecidos. En los ataques murieron 16 personas, pero la familia de una de las víctimas declinó las ayudas y otra familia no las solicitó.

El resto se consideran personas heridas durante los atentados. Hasta el pasado 16 de julio, Interior gestionó un total de 223 expedientes de ayudas e indemnizaciones, de los que 106 (83 estimados) ya han sido resueltos y 117 siguen su tramitación.