El Gobierno dice que no es su «competencia» hacer un protocolo que evite los ‘vacunajetas’
El Ministerio de Sanidad descarta elaborar un protocolo común para que las comunidades autónomas dispongan de directrices claras sobre la administración de las dosis sobrantes de las vacunas contra el Covid-19. Se trata de un argumento que fue utilizado por diferentes políticos y otros cargos para ‘colarse’ en la vacunación, excusando que las dosis debían aprovecharse.
En una respuesta por escrito a través del Congreso de los Diputados, el Gobierno deriva la responsabilidad a las comunidades alegando que «la administración de las vacunas es su competencia». «Mientras que persista la situación de limitación de dosis de vacunas, los procedimientos de vacunación se deben realizar con cita confirmada, y estableciendo procedimientos que garanticen la vacunación sin desperdicio de dosis», añade en su contestación.
La pregunta fue trasladada por diputados de Ciudadanos -la propia Inés Arrimadas y Guillermo Díaz- quienes se quejaban de que «la falta de protocolo común ha provocado que cada comunidad autónoma haya establecido una estrategia diferente». Exponían estos parlamentarios que «algunos de los cargos públicos y orgánicos de PSOE, PP y los nacionalistas que se administraron la vacuna de forma fraudulenta utilizaron como excusa precisamente la falta de un protocolo claro sobre qué hacer con estas dosis sobrantes».
Arrimadas preguntó al Gobierno de Pedro Sánchez si tenía previsto «fijar un protocolo común a todo el territorio nacional» para «evitar prácticas fraudulentas». En su respuesta, el Ejecutivo enfría cualquier plan al respecto, al derivarse a las comunidades autónomas.
«Nuevas formas de corrupción»
«Por su parte, los expertos en vacunación e inmunización han denunciado esta situación y han pedido un protocolo único a nivel nacional para asegurar que no se desperdician dosis de un bien tan preciado como la vacuna contra el Covid-19 y, por supuesto, que tampoco se utiliza este fallo en la gestión por parte del Gobierno de España para amparar nuevas formas de corrupción», señalaban en su pregunta.
Precisamente, la opacidad en la gestión de las vacunas ha sido la principal razón que ha alegado el partido de Inés Arrimadas para presentar, junto al PSOE, su moción de censura frustrada en la Región de Murcia.
Desde Ciudadanos justificaron para derrocar el gobierno de Fernando López Miras que desde hace semanas venían pidiendo explicaciones sobre la lista de altos cargos de la administración que, alegaban, habían sido vacunados. Cabe recordar que el consejero de Sanidad, Manuel Villegas, renunció a su cargo tras la polémica por su vacunación. Villegas es médico, lo que le incluye dentro de los colectivos a los que sí se les está administrando la vacuna.
La polémica provocó una honda crisis en el gobierno autonómico, que Ciudadanos aprovechó la pasada semana para intentar tumbar al Partido Popular con una iniciativa que, no obstante, está condenada al fracaso al no disponer de la mayoría necesaria por el rechazo de varios diputados ‘naranjas’.
“Los murcianos no se merecen un ‘vacunagate’, no merecen más escándalos mediáticos diarios. No podemos ser cómplices de este descontrol de la vacunación», afirmó la pasada semana Ana Martínez Vidal, candidata de Ciudadanos a la presidencia murciana.
Ciudadanos tomó la iniciativa contra el PP de la mano del PSOE pese a que el partido tiene en sus filas numerosos cargos que se han saltado el protocolo de vacunación.
Fran López, alcalde socialista de Rafelbuñol, Valencia, argumentó que «sobraban» y que «quiso dar ejemplo».
El alcalde, también socialista, de Alcaracejos, en Córdoba, alegó el mismo motivo, como «sobraban» dosis decidió ponerse una él mismo.
Soraya Cobos, concejala por el PSOE en Plasencia, reconoció que se vacunó en calidad de directora del Centro Sociosanitario y sumándose a la excusa de «no desperdiciar la dosis».
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