Las urnas se utilizaron bajo la indolente mirada de los Mossos

Lo resume, perfectamente, la juez Lamela en su auto de procesamiento del mayor Trapero, en la Audiencia Nacional. Los decomisos de las urnas y el material electoral practicados por los miembros de la policía autonómica el 1-O se produjeron, mayoritariamente, «tras la finalización de la votación y una vez realizado el recuento de papeletas mediante entregas voluntarias de los responsables de los centros». Igual que la clausura de los colegios y su precinto «cuando las personas ya los estaban abandonado» o se disponían a hacerlo. El cierre de los mismos en ningún caso se debió a «una acción policial coercitiva» en cumplimiento de las órdenes recibidas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Los Mossos trataban, en la teoría, de impedir el referéndum con sus «binomios». En la práctica -según relatan los policías nacionales, como ya hicieron sus superiores en anteriores vistas- defendieron las urnas y se las llevaron, literalmente, «a casa» o en los coches patrulla. El catálogo de referencias es abundante y variopinto.

Un agente sosteniendo una urna con una mano y la otra entrelazada en la de su pareja. Un sorteo, en presencia de policías autonómicos, para decidir el destino de dos de ellas, al término de la jornada. El episodio en Valldemossa donde unos mossos fueron vistos, a su salida de un centro de votación, portando una caja de cartón, repleta de documentos electorales, hacia un coche camuflado -matrícula propiedad del departamento de Presidencia de la Generalitat- que la transportaría hasta un parque de bomberos y, desde allí, a la comisaría de Aiguablava. O esas escenas de ciudadanos cualesquiera metiendo urnas en los colegios, bajo «la indolente mirada de mossos». Ejemplos que ponen de manifiesto un hecho común, la complicidad del Cuerpo con los votantes del referéndum.

Un inspector de policía nacional relata un episodio que demuestra «sin duda» cómo la gente concentrada en los colegios estaba organizada

En la escuela Calderón de la Barca una persona que «aparentaba liderazgo» -y a la que los policías catalanes se referían como «la jefa Lore»- las requisaba para llevarlas a un domicilio particular situado a unos 50 metros de distancia. En el instituto Gineuta, donde el recuento de votos se hizo «en un ambiente de total cordialidad» con dos mossos por testigos, consumada la consulta ilegal, alguien de entre los allí presentes dijo que los votos podían llevárselos. Como si de un souvenir se trataran.

Así las cosas, tras aplicar el artículo 155 de la Constitución española, al entonces Gobierno de Rajoy, no le quedó otra que actuar en Cataluña. El Ministerio del Interior comunicó en aquellos días a la directora del Instituto de Seguridad Pública (la Escuela de los Mossos), y exdiputada de Convergencia en el Parlament, Annabel Marcos, su destitución inmediata al trascender cómo había contribuido al trasladado urnas, ocultas en su coche -un vehículo Seat Altea a nombre de un tercero- para ser usadas en los centros de votación, desde primera hora de la mañana del 1 de octubre. .

Los Mossos soplaron y sorbieron al mismo tiempo. La tesis resultaría ridícula de no ser porque en la hoja de ruta del ‘procés’ no fue la primera, ni la única, ocasión en que el sistema catalán se convirtió en antisistema, al unísono. La fuerza represora del delito del lado de los que, presuntamente, los cometieron. Las instituciones catalanas, en tanto que españolas, al servicio de quienes se proponían dinamitarlas.

Sirva de paradigma el propio Quim Torra, un día alentando a los CDR a ‘apretar’ en la calle, al otro ordenando a los Mossos que los neutralizasen. O el mismísimo Artur Mas quien prohibió el llamado ‘multireferéndum’, allá por la primavera de 2014, mientras sus herederos políticos hoy defienden que nadie puede ser perseguido por «poner urnas y querer votar». Pero si ellos mismos lo han hecho…