Unidos Podemos quiere aprobar por decreto ley las medidas acordadas sobre LGTBI y violencia de género
Unidos Podemos quiere que el Gobierno apruebe por decreto ley los acuerdos alcanzados por la mayoría del Congreso en la tramitación de las leyes LGTBI y de medidas urgentes del Pacto contra la violencia de género, que actualmente se están tramitando en la Cámara baja.
Tras la convocatoria de elecciones para el 28 de abril, las Cortes se disolverán el próximo 5 de marzo y las medidas que no han podido ser aprobadas por el Parlamento decaerán y deberán volver a empezar todo el proceso parlamentario con la nueva legislatura. Con el objetivo de que los trabajos realizados hasta ahora «no se pierdan» en este proceso, Unidos Podemos se pondrá en contacto con el Ejecutivo para pedirle que utilice sus últimos consejos de ministros para sacar adelante las medidas que ya estaban prácticamente listas y pactadas.
Fuentes de Unidos Podemos han explicado a Europa Press que las ponencias que trabajan en el Congreso en las proposiciones de ley de derechos LGTBI y de de rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores transexuales estaban ya terminando su labor y era «cuestión de semanas» que los textos fueran votados en us respectivas comisiones.
También estaba en la última fase de ponencia, según han apuntado las mismas fuentes, el proyecto de ley de medidas urgentes del Pacto de Estado de Violencia Machista.
Se trata de textos que ya estaban «consolidados» pues contaban con el apoyo de la mayoría de los grupos o de la unanimidad de los mismos.
Entre las medidas que se perderían con la disolución de las Cortes, estaría la despatologización de los transexuales, el reconocimiento de derechos del colectivo LGTBI en materia sanitaria o educativa, así como 30 o 40 medidas del Pacto de Estado contra la violencia machista que se incluían en la nueva ley.
En este sentido, desde Unidos Podemos destacan el acuerdo conseguido sobre el sistemas de acreditación de las víctimas, que ya no necesitarían denunciar para recibir ayudas; sobre eliminar el permiso del maltratador para que su hijo pueda recibir ayuda psicológica; o el compromiso económico por ley que una partida específica para esta lacra en los Presupuestos Generales del Estado.
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