Twitter España permite que los separatistas pongan en la diana a la testigo protegida por Marchena

Las hordas separatistas hacen pública la imagen de Montserrat del Toro, una de las letradas que declara como testigo este miércoles en el Tribunal Supremo en el juicio del procés. Del Toro, secretaria judicial del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, acordó con la Sala del Alto Tribunal que su imagen no se difundiese. Sin embargo, los separatistas han hecho pública su imagen y su DNI en Twitter.

Twitter España, que muchas ocasiones cierra y bloquea cuentas, en este caso permite que se haga pública información privada de una funcionaria.

Esta letrada fue mandatada por el juez para registrar la sede de la Consellería de Economía el 20 de septiembre, cuando miles de personas bloquearon durante todo el día la salida a la comitiva judicial. Una jornada en la que Montserrat del Torro temió por su vida. «Tuve preocupación todo el día y miedo a partir de las 21.30 cundo vi lo que había fuera», porque aquella concentración «se transformó en un tumulto de gente y era imposible salir porque no se podía transitar por la calle», ha señalado.

Los separatistas han considerado oportuno linchar y hacer pública la imagen y el número del documento de identidad de Montserrat del Toro.

Mientras animan a su máxima difusión.

Persecución al juez Llarena

Este linchamiento recuerda al sufrido a finales del año pasado por el juez Pablo Llarena. Miembros de Arran acudieron encapuchados a llenar la entrada del domicilio de Llarena con pintura amarilla.

En un comunicado “un grupo organizado de enmascarados atacaron la casa del magistrado del Tribunal Supremo D. Pablo Llarena Conde y de la Magistrada Dª Gema Espinosa Conde mientras se encontraba en el interior uno de sus hijos», el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La portavoz de la asociación separatista, Núria Martí, justificó esta acción afirmando que “la juventud se tiene que dotar de las herramientas que tenga a su alcance para atacar un sistema judicial heredero del franquismo”.

Entonces el CGPJ tuvo que solicitar al Ministerio del Interior las medidas de protección necesarias para los jueces que trabajan en Cataluña, entre ellos, para el magistrado Pablo Llarena.