Trapero usa la sentencia del 1-O para intentar sacar su caso de la Audiencia y ser juzgado en Barcelona

A menos de dos meses de que la Audiencia Nacional abra el juicio contra el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, el que fuera jefe de la policía catalana durante el golpe separatista ha presentado un escrito para que el tribunal exponga si es el órgano competente o, por contra, debe trasladar la causa a la Audiencia Provincial de Barcelona.

El documento, presentado el pasado 11 de noviembre, se apoya en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre el juicio del procés que condenó a los independentistas catalanes por un delito de sedición –en lugar de rebelión como defendía la Fiscalía del alto tribunal–, y defiende que la Audiencia Nacional, en base a la sentencia del Tribunal Supremo, «no tiene competencias para juzgar» al mayor de los mossos porque los planes «no iban dirigidos a subvertir el orden Constitucional ni es un delito contra la forma de Gobierno».

La defensa de Trapero asegura que en anteriores ocasiones la Audiencia ya se ha pronunciado al respecto y ha declinado inhibirse a favor de los juzgados catalanes argumentando que «se trataba de un delito de sedición con fines de rebelión, porque el interés era romper el orden Constitucional». Sin embargo, para la letrada la situación se ha dado la vuelta tras la sentencia del procés y argumenta que se ha reconocido que el objetivo sólo era «forzar al Gobierno para convocar un referéndum en Cataluña». Por esta razón, solicita a la Audiencia Nacional a que se pronuncie nuevamente.

Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO aseguran que este escrito no tendrá un gran recorrido jurídico ya que no ha sido entregado en la fase oportuna del procedimiento.

Sorpresa en la Audiencia

Esta maniobra a contrarreloj ha sorprendido en la Audiencia Nacional ya que Trapero no se sumó a las peticiones realizadas por los también  imputados Pere Soler y César Puig, que solicitaron el traslado de la causa a Cataluña alegando que los delitos de rebelión y sedición no fueron incluidos por el legislador entre las materias atribuidas a la Audiencia Nacional.

En febrero de este año, la Sección Primera de la Sala de lo Penal –y más tarde la Sala de Apelación– confirmó su competencia para juzgar a los procesados por los sucesos del 20 y 21 de septiembre y del 1 de octubre de 2017 ocurridos en Cataluña.

El Ministerio Fiscal acusa a Trapero de un delito de rebelión por facilitar la celebración del 1-O y por no frenar «el asedio» a la Consellería de Economía para quien solicita 11 años de cárcel como «mando subalterno». Atribuye este mismo delito a los jefes políticos de la policía autonómica Soler y Puig, para quienes solicita penas de 4 años de prisión. Y, por último, a la intendente Laplana le acusa sólo de sedición por los incidentes en la Consellería y pide para ella 4 años de prisión.