Transparencia exige a Sánchez que no esconda los informes para perdonar deudas a Cuba y Venezuela

El Consejo de la Transparencia vuelve a emitir una dura resolución contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ministerio de Asuntos Económicos, que lidera Nadia Calviño (PSOE), ha recibido la orden de facilitar en 10 días la información relativa a las deudas que mantienen los regímenes de Miguel Díaz-Canel (Cuba) y Nicolás Maduro (Venezuela) con España. Unos compromisos que desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa se han ido aplazando progresivamente de forma opaca.

En julio de 2021 un abogado español requirió, en base a la Ley de Transparencia, al mencionado Ministerio conocer “la deuda actual que tienen Cuba y Venezuela hacia España, así como las renegociaciones, condonaciones de deuda e intereses». Sin embargo, el letrado, Guillermo Rocafort, se topó con la callada por respuesta. Por ello, reclamó al Consejo de la Transparencia que ahora le da la razón.

La petición de información exigía la documentación oficial sobre «reestructuraciones de deuda desde 2004 hasta hoy, junto con los informes y los expedientes administrativos correspondientes de esas condonaciones y reestructuraciones, con su detalle de quitas y ampliaciones de plazos de pago». También se pedía «las peticiones de esos dos Estados en ese sentido  a España y la relación de reuniones mantenidas sobre este asunto».

«Confidencialidad»

El Ministerio de Calviño alegó ante Transparencia que su negativa a dar la información solicitada se fundamenta en que «los acuerdos negociados con países deudores están sujetos a la confidencialidad de sus términos».

A pesar de ello, trasladaron unos datos generales. “A la fecha de cierre del último ejercicio completo (31 de diciembre de 2020), España ostentaba deuda en calidad de acreedor frente a Cuba por importe de 1.937,55 millones de euros y frente a Venezuela por un montante de 213,37 millones».

Además, sobre Cuba se indica que en 2015 España suscribió, junto al resto de acreedores del Club de París, un acuerdo multilateral de alivio de deuda con una quita. Posteriormente, en 2021, por la crisis del Covid-19, se añadió una adenda. «Dicha adenda, de nuevo pactada multilateralmente, supone la reprogramación de determinados vencimientos de deuda, sin implicar quita ni una extensión del calendario original de reembolso de la deuda», apostillan. Sobre Venezuela, como también había publicado OKDIARIO, desde 2004 no se ha producido ningún tipo de negociación.

Ahora, el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno resuelve en un escrito fechado el 28 de marzo de 2022, dando la razón al abogado Rocafort. Señalan que el Ministerio no respondió en el plazo legalmente establecido (dos meses como mucho), sin alegar causa justificatoria. «Es obligado recordar a la Administración que el plazo máximo de contestación es un elemento esencial del derecho constitucional de acceso a la información pública», recriminan.

Además, recuerdan que la Ley reguladora de la gestión de la deuda externa, de 2006, indica como principios rectores «los relativos a la transparencia y control parlamentario, así como la participación de la sociedad civil».

«De este modo, invocar límites al acceso a la información no concilia en modo alguno con el marco general en el que se desenvuelve dicho procedimiento», se lamenta desde Transparencia.

Finalmente, se menciona que hay informaciones en Internet sobre las cuestiones solicitadas, por lo que la confidencialidad alegada por el Ministerio no ha sido respetada por las partes.

En definitiva, Transparencia obliga al equipo de Calviño a aportar «en el plazo máximo de 10 días hábiles» la documentación, es decir, «los informes y los expedientes administrativos correspondientes de las condonaciones y reestructuraciones de deuda, las peticiones de Cuba y Venezuela, las reuniones mantenidas y sus actas correspondientes».

Críticas

Por su parte, el abogado reclamante en este caso lamenta que mientras España es dócil con Cuba y Venezuela «las autoridades fiscales tienen una falta de misericordia hacia los contribuyentes, por la que no se conoce cancelación de deuda fiscal, por ejemplo, a autónomos en España».

«Todo son problemas hacia los deudores en España, lo cual no cuadra con esta comprensión y comodidad que las autoridades españolas dispensan a las autoridades cubanas y venezolanas. Es evidente que vivimos en España en una dictadura de opacidades ministeriales donde el dinero de los españoles es gestionado con enorme laxitud y generosidad cuando se trata de devolver favores políticos a dictaduras como Cuba y Venezuela, aliadas de este Gobierno socialcomunista que no respeta los derechos humanos ni la propiedad privada ni pública», zanja.