Una trampa del Gobierno permitió que la Ley Bolaños evitara un informe crítico del Consejo de Estado

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado con la fórmula para que el Consejo de Estado, que tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución y el respeto al ordenamiento jurídico, dé luz verde a sus proyectos de ley sin apenas resistencia ni críticas. El truco consiste en solicitar un procedimiento de urgencia que obliga al Consejo de Estado a elaborar el informe en un plazo menor de tiempo y en presentarlo ante la Comisión Permanente, donde existe una clara mayoría progubernamental. Con esta triquiñuela, precisamente, pasó el informe sobre la Ley Bolaños por el Consejo de Estado en el mes de mayo.

El pasado mes de abril, el Gobierno comunicó al Consejo de Estado que, en aplicación del artículo 19 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, el Ejecutivo solicitaba la elaboración del informe sobre el «Anteproyecto de Modificación de Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal», conocida como Ley Bolaños con régimen especial de urgencia, con lo que, en lugar de verse en el Pleno del Consejo, ante la totalidad de los Consejeros, se vio en la Comisión Permanente, en la que de los diez consejeros, cinco son ex ministros de gobiernos socialistas y a ellos se suma la catedrática Paz Andrés Sáenz de Santamaría, inequívocamente alineada con las tesis de izquierdas, según las fuentes jurídicas consultadas.

En aquella sesión no estuvo presente la ex vicepresidenta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Teresa Fernández de la Vega, pero sí la presidenta de este órgano, Carmen Calvo, ex vicepresidenta de Sánchez, Magdalena Valerio, ex ministra de Trabajo también con Sánchez, Fernando Ledesma, ex ministro de Justicia con Felipe González, María Luisa Carcedo, ex ministra de Sanidad con Sánchez, la catedrática Paz Sáenz de Santamaría, además del padre de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, el también conservador José Luis Manzanares, el letrado Enrique Alonso, considerado «no alineado», aunque «proclive a asumir las tesis de la mayoría», como también se cataloga al  ex Jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza. Junto a ellos, asistió como «secretario general accidental» Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, que en todo caso tiene funciones de apoyo y carece de voz y voto en las decisiones del Consejo.

En la mencionada sesión, el informe fue aprobado, no obstante, por unanimidad, pero, con los últimos nombramientos, el Ejecutivo tiene garantizada una abrumadora mayoría, incluso en caso de ausencia de alguno de los consejeros nombrados por iniciativa de gobiernos socialistas, como ocurrió el pasado 8 de mayo y, por si fuera poco, la presidenta, Carmen Calvo, goza de voto de calidad en caso de empate, de acuerdo con la Ley Orgánica del Consejo de Estado.

Un Consejo de Estado afín

Si en la presente legislatura el Gobierno ha recibido numerosas críticas por introducir textos legales a través del Grupo Parlamentario Socialista, en forma de proposiciones de ley, esquivando así la elaboración de los informes preceptivos que requieren determinados proyectos de ley, el Consejo de Estado ha dejado de ser un posible escollo para las aspiraciones legales de Sánchez, desde que la reciente incorporación de Magdalena Valerio decantó de forma abrumadora las fuerzas dentro de la Comisión Permanente.

Curiosamente, pese a que el Gobierno solicitó y justificó el procedimiento de urgencia para acortar plazos y llevar a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la Ley Bolaños, el texto legal duerme el sueño de los justos en el Congreso, desde el pasado mes de junio, sin que el Grupo Socialista ni sus socios intenten ahora pisar el acelerador que pisaban antes del verano, puesto que, en la actualidad, no tienen garantizado el voto de todos los socios de investidura de Sánchez. Ante la duda y la inestabilidad parlamentaria, el Gobierno ha ordenado al PSOE echar el freno en el Congreso.

Ese proyecto de ley, que ha provocado el rechazo de un buen número de jueces y fiscales, por considerar que se está tratando de «politizar la justicia», entre otras cosas, por la reforma que plantea en el acceso a la carrera judicial, sigue y seguirá sin someterse a la votación en el Pleno del Congreso mientras el Gobierno no tenga claro que es capaz de sacar adelante la votación. Y en este momento, según fuentes socialistas, «no se dan las condiciones».