El TC apercibe al director de los Mossos y al mayor Trapero por la ley del referéndum ilegal

El jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y el director general de la policía autonómica, Pere Soler i Campins, figuran entre el millar de cargos apercibidos por el Tribunal Constitucional (TC), que ha admitido a trámite este jueves los cuatro recursos presentados por el Gobierno contra la ley y la convocatoria de referéndum de autodeterminación en Cataluña para el próximo 1 de octubre.

En las resoluciones acordadas,  se apercibe a más de un millar de cargos políticos –unos 60 altos mandatarios de la Generalitat y los 947 alcaldes de la Cataluña– de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum.

Así, tal y como se había solicitado en una de las impugnaciones –la referida a las medidas complementarias para la organización de la consulta–, el TC ordena que la resolución adoptada este jueves se notifique personalmente a decenas de altos cargos de la Generalitat relacionados con la organización de la consulta, empezando por el presidente, Carles Puigdemont.

La petición se hacía extensiva a los responsables de los medios de comunicación públicos catalanes (Cataluña Ràdio y TV3) y a responsables de los Mossos como son Josep Lluís Trapero y el director general del cuerpo Pere Soler I Campins, así como a los 947 alcaldes de Cataluña, éstos últimos «con carácter preferente y urgente». Se hará a través de la Delegación del Gobierno.

El tribunal se ha reunido con carácter de urgencia para estudiar estos acuerdos tras haber admitido, tan sólo unas horas antes, la tramitación del incidente de ejecución contra las resoluciones parlamentarias que permitieron este miércoles el debate y aprobación de la ley que regulará la consulta independentista.

Las cuatro iniciativas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que el tribunal ha acordado dar trámite son concretamente un recurso de inconstitucionalidad contra ley del referéndum y las impugnaciones contra el decreto de convocatoria del 1-O, el que contiene las normas complementarias para organizarlo y contra el acuerdo del Parlament que nombra una Sindicatura Electoral, equivalente a la Junta Electoral Central.