España
Juicio al 'procés' catalán

El Supremo se plantea retrasar al martes 12 de febrero el comienzo del juicio del 1-O

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por el juez Manuel Marchena, estudia los más de 1.835 folios que conforman la solicitud de prueba de las partes personadas en el juicio por el referéndum ilegal del 1-O. La necesidad de motivar la admisión, o no, de cada uno de los testigos incluidos por acusaciones y defensas en sus escritos hace que el tribunal valore desplazar las primeras sesiones declarativas del procedimiento a la segunda semana de febrero

El volumen de los escritos presentados por las defensas, para justificar la necesidad de que la Sala de lo Penal admita sus peticiones de testigos y pruebas documentales, hace que el tribunal, presidido por el juez Manuel Marchena, se plantee el martes 12 de febrero para que arranquen las sesiones declarativas de la macrocausa.

Con carácter previo a la comunicación del calendario definitivo, el alto tribunal debe resolver sobre la práctica de las numerosas pruebas solicitadas por cada una las partes y se está viendo obligado a ajustar los plazos, inicialmente estimados, entorno al 5 de febrero, para retrasar su previsión inicial. La propia sala apuntaba a dicha fecha, en el oficio remitido por Marchena al Ministerio del Interior para coordinar el traslado a cárceles madrileñas de los nueve procesados, actualmente en prisión provisional.

Fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO confirman que al tratarse de una causa tan numerosa en testigos -que una vez aprobados deben ser citados para su comparecencia en tiempo y forma- y al tener que motivarse, detalladamente, cada una de las pruebas que rechacen, la labor previa es compleja para los magistrados.

Además, apuntan que las pruebas documentales requieren de unos tiempos específicos adicionales. El tribunal tendrá que librar los oficios necesarios para recopilar certificaciones y documentos de diferentes Administraciones Públicas, previo requerimiento a las mismas, para completar las actuaciones judiciales encaminadas al esclarecimiento de los hechos preparatorios para la celebración del referéndum ilegal del 1-O.

Los golpistas tratan de ganar tiempo

Por su parte, los golpistas catalanes tratan de ganar tiempo ante el tribunal. Este mismo martes, Andreu Van Den Eynde, abogado del ex vicepresidente de la Generalitat y miembro de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, presentaba un escrito ante el Supremo solicitando un plazo de, al menos, 3 semanas, entre la fecha en que se notifique formalmente a las partes el inicio del juicio y su comienzo efectivo.

Junqueras trasladaba la petición al Tribunal Supremo, a través de su defensa, para que «se asegure» de que entre ambas fechas «medie el tiempo suficiente para la debida preparación de la estrategia defensiva» y con el fin de «proteger las condiciones» de «organización logística » de su representación jurídica.

Junqueras ha pedido al Tribunal Constitucional que le informe sobre cuándo resolverá su recurso contra la prisión provisional

Insiste el abogado de Junqueras en el principio procesal que fija que todas las pruebas debe practicarse de forma concentrada e inmediata en el acto del juicio de modo que, para prepararlo, todas las partes del proceso deben disponer de idénticas posibilidades de conocer el material probatorio. Así como de discutirlo, y contradecirlo, en el mismo momento de la vista oral, y contando siempre con la garantía, no menos importante, del principio de publicidad.

Además, la defensa de Oriol Junqueras ha advertido de que, si antes del inicio del juicio del 1-O no recibe un respuesta del Tribunal Constitucional que, hace unos días, comunicaba su decisión de aplazar sine die la resolución del recurso de amparo solicitado por el ex vicepresidente de la Generalitat, contra la decisión de mantenerle en prisión provisional, para no interferir en el juicio del Supremo.

De no producirse pronunciamiento en tiempo y forma, el abogado de Junqueras presentará, el mismo día en que arranque el juicio del 1-O en el Supremo, su causa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Denunciará el «daño irreparable» que se produce al no decidir sobre una cuestión que, como han hecho constar en su escrito de amparo, se ha planteado por su condición de preso provisional y, por tanto, sin existir condena judicial previa.